En México, las estadísticas oficiales parecen vivir una paradoja incómoda: son incuestionables cuando convienen y sospechosas cuando incomodan.

El más reciente ejemplo vuelve a poner en el centro al INEGI, cuyos datos sobre desempleo y percepción de inseguridad han sido recibidos con reservas desde el Poder Federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que “tiene otros datos”, abriendo un debate que no es nuevo, pero sí profundamente preocupante: ¿qué ocurre cuando la evidencia estadística compite con la narrativa política?

Esta situación está para pensarse: instituciones como el INEGI han construido, durante décadas, una reputación basada en rigor metodológico y autonomía técnica.

Desacreditar sus cifras sin un sustento igualmente sólido no solo erosiona la confianza pública, sino que abre la puerta a una peligrosa relativización de la realidad: cada quien con sus propios números, cada gobierno con su propia verdad.

Sin embargo, la contradicción se vuelve más evidente cuando se observa el caso de Zacatecas. La ENSU —también elaborada por el INEGI— presenta ahora resultados favorables para la percepción de seguridad en el estado de Zacatecas, en línea con la narrativa oficial sobre una estrategia de pacificación que comienza a rendir frutos.

Hoy, esos datos sí son válidos, sí son celebrados, sí son compartidos.
Pero no siempre fue así.

Durante años recientes, cuando la ENSU colocaba a Zacatecas entre las entidades con peor percepción de inseguridad, las autoridades estatales no dudaban en descalificar sus resultados, cuestionar su metodología o, en el mejor de los casos, minimizar su impacto.

La encuesta era entonces imprecisa, exagerada o simplemente ajena a la “realidad” que el gobierno defendía.

¿Qué cambió? No la metodología, no el organismo, no el instrumento de medición. Cambiaron los resultados.

Este vaivén en la aceptación de las cifras revela una práctica política que debería encender alarmas: la validación selectiva de la información pública.

Se aplauden los datos cuando coinciden con el discurso oficial y se desacreditan cuando lo contradicen.

Así, la estadística deja de ser una herramienta para entender la realidad y se convierte en un instrumento más de disputa política.

El riesgo es claro. Si los datos pierden su carácter objetivo y se subordinan a intereses coyunturales, la ciudadanía queda atrapada entre versiones enfrentadas de la realidad, sin un punto de referencia confiable. Y sin datos confiables, no hay diagnóstico certero; sin diagnóstico, no hay política pública eficaz.

La discusión no debería centrarse en quién tiene “otros datos”, sino en cómo fortalecer la credibilidad de los que ya existen. Porque en democracia, la verdad no puede ser opcional ni acomodarse al vaivén del poder… Y entonces ¿A quién le creemos?