CIUDAD DE MÉXICO.- Regular datos personales e inteligencia artificial sin conocimiento técnico, definiciones precisas ni instituciones sólidas puede agravar la desinformación, vulnerar derechos y abrir la puerta a mecanismos de control, advirtió Julieta del Río Venegas, especialista en transparencia y protección de datos personales.

La ex comisionada del INAI alertó que, aunque en el discurso legislativo se promueven iniciativas orientadas a modernizar la protección de datos y regular el uso de la inteligencia artificial, en la práctica persisten contradicciones políticas que ponen en riesgo a la ciudadanía.

Del Río explicó que recientes propuestas enfocadas en fortalecer la anonimización de datos para procesos de innovación no garantizan por sí mismas la privacidad, ya que mediante el cruce de bases de datos es posible reidentificar a personas, incluso cuando la información ha sido tratada como anónima.

“La evidencia demuestra que sin estándares estrictos y auditorías independientes, el riesgo persiste”, subrayó.

Respecto a la propuesta de Ley General de Inteligencia Artificial, señaló que existen preocupaciones por la ambigüedad de conceptos como “desinformación digital”, “violencia digital” o “fraude digital”, términos que, dijo, carecen de definiciones claras y podrían prestarse a interpretaciones discrecionales.

Advirtió que esta falta de precisión podría derivar en decisiones arbitrarias y en posibles afectaciones a la libertad de expresión bajo el argumento de regulación.

Julieta del Río sostuvo que el problema central no es únicamente técnico, sino de congruencia política, ya que mientras algunos actores impulsan nuevas normas para proteger datos personales, también promueven reformas que amplían la recopilación de información sensible, como registros biométricos o bases de datos masivas.

“Estas acciones incrementan la exposición de la ciudadanía y contradicen el discurso de protección”, afirmó.

Además, señaló que prácticas como el uso de bases de datos y call centers para el envío masivo de mensajes políticos evidencian vulneraciones a la normativa vigente, al asegurar que quienes buscan nuevas reglas muchas veces son los primeros en incumplir las existentes.

La especialista reconoció que los riesgos digitales son reales, particularmente frente a fenómenos como el ciberacoso o el uso de inteligencia artificial para generar contenido íntimo no consentido, afectando especialmente a mujeres; sin embargo, enfatizó que estos desafíos requieren soluciones técnicas robustas y no respuestas legislativas improvisadas.

Recordó que México ya cuenta con leyes en materia de protección de datos personales, por lo que el principal desafío no radica en la falta de regulación, sino en su cumplimiento efectivo, la vigilancia institucional y la aplicación de sanciones reales.

“Sin instituciones fuertes, auditorías independientes y voluntad política, cualquier nueva regulación corre el riesgo de convertirse en un instrumento de control, en lugar de una garantía de protección”, sostuvo.

Finalmente, Julieta del Río hizo un llamado a impulsar mesas de diálogo abiertas con especialistas en inteligencia artificial, protección de datos y sociedad civil, para evitar que futuras iniciativas se conviertan en “letra muerta” y continúe erosionándose la confianza pública.