Lo primero que hay que decir, sin rodeos, es que minimizar la violencia sexual nunca es una postura inocente: es una forma de normalizarla.

Las declaraciones del rector Ángel Román Gutiérrez, al reducir a una especie de estadística menor, las poco más de 10 denuncias por violencia sexual registradas en lo que va de 2026 dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas, no sólo resultan desafortunadas, sino profundamente preocupantes.

Y preocupa porque no estamos hablando de números, sino de personas. De víctimas. De confianza quebrantada.

El argumento implícito —que “son pocos casos” frente a una matrícula de más de 40 mil estudiantes— revela una lógica peligrosa: la de poner como relativa la gravedad, en función de la cantidad.

Pero en materia de violencia sexual, un solo caso debería ser suficiente para encender todas las alarmas institucionales.

No existe un umbral aceptable. No hay proporción que justifique la indiferencia.

Más aún, introducir la idea de que también hay alumnos que acosan a docentes, aunque pueda ser cierto en algunos casos, desplaza el foco del problema principal.

No se trata de negar que existan otras formas de violencia, sino de entender que ponerlas en el mismo plano, en ese momento, funciona como una dilución del reclamo central: la exigencia de seguridad para las víctimas denunciantes.

En contextos universitarios —espacios que deberían ser seguros por definición—, este tipo de posturas institucionales envían un mensaje equivocado: que la violencia puede administrarse, que puede medirse, que puede relativizarse.

Y eso desalienta la denuncia porque quien escucha a la autoridad minimizar, piensa dos veces antes de hablar.

Resulta contradictorio, además, que la propia universidad cuente con protocolos y discursos orientados a erradicar la violencia de género, mientras desde su máxima autoridad se emiten señales que parecen ir en sentido contrario.

La institución dice una cosa; el discurso público, otra.

La verdadera responsabilidad de una rectoría no es defender la imagen de la universidad, sino garantizar la integridad de su comunidad.

Y eso implica reconocer la dimensión del problema, no reducirla. Implica escuchar, no comparar. Implica actuar, no justificar.

Cuando una autoridad minimiza la violencia, el problema deja de ser sólo quien agrede.

Empieza a ser también eso de quien, pudiendo hacer más, decide mirar hacia otro lado…