CIUDAD DE MÉXICO. – La senadora Geovanna Bañuelos afirmó que la reforma a la Ley de Vivienda pretende consolidar el acceso a una vivienda adecuada como un derecho efectivo y no como un privilegio, al detallar los alcances de la propuesta ante integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.La legisladora explicó que las modificaciones planteadas incorporan el concepto de ‘Vivienda Adecuada’, alineado tanto con la Constitución mexicana como con estándares internacionales en materia de derechos humanos, particularmente los impulsados por ONU-Hábitat. En ese sentido, destacó que este enfoque no sólo define el acceso a un espacio habitacional, sino que establece criterios específicos que deben cumplirse.“Pero lo más trascendente de este concepto es que cumple con los lineamientos de accesibilidad, adecuación cultural, asequibilidad, servicios básicos, habitabilidad, seguridad en la tenencia y buena ubicación”, señaló Geovanna Bañuelos.La propuesta también fortalece la Política Nacional de Vivienda al ampliar las facultades de instituciones como el Infonavit y el Fovissste, que ahora podrán participar de manera directa en la construcción, adquisición y rehabilitación de viviendas. Además, se contempla que estas entidades puedan financiar la autoproducción, urbanizar, arrendar o vender inmuebles, así como integrar servicios complementarios dentro de los desarrollos habitacionales.“Esto permitirá una mejor coordinación y mayor eficacia en las acciones del Estado. Esto es clave, porque el problema de la vivienda no se resuelve sólo con créditos. Se necesita intervención directa del Estado para garantizar una oferta suficiente y accesible”, aseveró la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.Durante su intervención en tribuna, la senadora expuso la magnitud del rezago habitacional en el país. Indicó que el déficit actual se ubica entre 8 y 9 millones de viviendas, lo que refleja que millones de familias carecen de un hogar en condiciones adecuadas. A ello se suma que cerca del 22% de las viviendas presenta algún tipo de rezago, situación que implica hacinamiento, uso de materiales precarios o ausencia de servicios básicos.

“El problema no se detiene ahí. En los próximos años, se necesitarán al menos 3.8 millones de viviendas adicionales para atender el crecimiento de la población y la formación de nuevos hogares”, mencionó.

Bañuelos también subrayó que las problemáticas difieren según el contexto geográfico. Mientras en zonas rurales prevalecen deficiencias en la calidad de las viviendas, en áreas urbanas el principal obstáculo es el acceso. En ese panorama, menos del 1% de la vivienda nueva resulta realmente asequible para los sectores populares.La senadora hizo un llamado a reconocer la realidad que enfrentan millones de personas en el país, particularmente quienes pertenecen a sectores vulnerables como trabajadores informales, jóvenes y mujeres jefas de familia, quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda digna.

En este contexto, explicó que la reforma impulsa mecanismos como la producción social de vivienda, el acceso a financiamiento para trabajadores fuera del sistema formal y la disponibilidad de suelo urbano accesible, además de reforzar la planeación urbana.

La legisladora rechazó las críticas que advierten posibles afectaciones económicas a los trabajadores derivadas de esta iniciativa. “sostener que esta reforma constituye un ‘atraco’ es una afirmación que no sólo carece de sustento técnico, sino que contribuye a generar desinformación y temor a los trabajadores”, aseveró.

Finalmente, sostuvo que esta reforma reafirma un compromiso con la clase trabajadora y busca impactar de manera directa en el bienestar de millones de familias en México, al avanzar hacia un modelo en el que la vivienda deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho garantizado.

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