La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la reintegración del Órgano de Administración Judicial en Zacatecas constituye mucho más que una corrección técnica: es un severo llamado de atención a la forma en que se condujo la reingeniería administrativa del Poder Judicial local.
La Corte fue clara al establecer que un órgano conformado por solo tres integrantes —uno del Ejecutivo, uno del Legislativo y uno del Judicial— rompía el equilibrio de poderes y comprometía la autonomía judicial, al dejar en minoría a quien precisamente debía tener el control mayoritario de su propia administración.
Por ello ordenó que pase de tres a cinco consejerías, con mayoría del propio Poder Judicial.
Este fallo representa un revés institucional para el TSJEZ porque pone en evidencia que la reforma local no armonizó plenamente con el modelo constitucional federal.
Aunque desde el propio Tribunal se sostiene que esta observación ya se había advertido durante el proceso de reingeniería administrativa, el hecho de que la SCJN haya tenido que intervenir y corregir el diseño exhibe una falla de origen: se avanzó con una estructura vulnerable a la impugnación y políticamente expuesta.
Más delicado aún es el golpe a la imagen pública del Poder Judicial.
Un tribunal, cuya presidencia recae en Carlos Villegas Márquez, y que debería buscar la proyección de autonomía, fortaleza y capacidad técnica, aparece hoy enmendado por la máxima instancia constitucional del país.
No es un asunto menor: el órgano, encabezado por Norma Esparza Castro, que es el que administra presupuesto, recursos humanos y operación interna del sistema judicial, es el corazón administrativo de la impartición de justicia.
Si su diseño fue declarado inconstitucional, inevitablemente surge la percepción de improvisación o de una reforma construida con premura.
También es innegable la carga política del fallo. La acción fue promovida por diputados locales de oposición, quienes desde el inicio cuestionaron el modelo adoptado en Zacatecas.
Esto convierte la resolución en una victoria política para esos grupos, al tiempo que coloca al TSJEZ en una posición defensiva frente al debate público.
Sin embargo, el elemento más incómodo en este momento es que, según el propio Tribunal, todavía no ha sido notificado formalmente.
Esa falta de notificación no elimina el impacto del fallo; por el contrario, prolonga la incertidumbre. Mientras no exista la comunicación oficial, el TSJEZ queda atrapado entre la necesidad de defender su postura y la obligación futura de acatar una resolución que ya es del conocimiento público.
El verdadero reto para el TSJEZ no será solo nombrar dos consejeros más, sino recuperar la confianza en que su autonomía no depende de correcciones externas, sino de la solidez de sus propias decisiones.
