ESTADOS UNIDOS. – Un gran jurado federal en Phoenix, Arizona, acusó el 17 de marzo de 2026 a Laurence Gray, de 65 años, propietario de una tienda de armas, por presuntamente proporcionar apoyo material al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa, organizaciones catalogadas como terroristas por Estados Unidos. La imputación también involucra a su colaborador Barrett Weinberger y se relaciona con operaciones realizadas durante 2025, en las que se habrían facilitado armas de alto poder a estos grupos criminales.

De acuerdo con la acusación, Gray, dueño del establecimiento conocido como “Grips By Larry”, ubicado en Arizona cerca de la frontera con México, utilizó su licencia federal para la venta de armas con el fin de abastecer de armamento a integrantes de ambos cárteles. Las autoridades sostienen que el acusado conspiró para transferir armas de fuego a estas organizaciones, en un contexto donde ya habían sido designadas como terroristas extranjeras por el gobierno estadounidense.

El caso detalla que las operaciones ilícitas habrían ocurrido principalmente en mayo de 2025, cuando Gray intentó entregar armamento al CJNG y también conspiró para proveer equipo bélico al Cártel de Sinaloa. La fiscalía subrayó en el expediente que “La acusación formal alega que Gray intentó a sabiendas proporcionar armas de fuego al CJNG en mayo de 2025, y que conspiró para proporcionar armas de fuego tanto al CJNG como al Cártel de Sinaloa ese mismo año”.

Entre el arsenal involucrado se encuentran rifles semiautomáticos, pistolas e incluso armamento de uso militar, lo que elevó la gravedad de los cargos en su contra. Las investigaciones federales también señalan que estas transacciones se realizaron mediante intermediarios, un método común para evadir controles legales en la compra de armas en Estados Unidos.

El proceso judicial contempla delitos como conspiración, tráfico ilegal de armas, uso de compradores interpuestos y declaraciones falsas ante autoridades, los cuales podrían derivar en penas de hasta 20 años de prisión.

Este caso se enmarca en un problema estructural más amplio: el flujo constante de armas desde Estados Unidos hacia México. Diversos reportes han documentado que estados fronterizos como Arizona se han convertido en puntos clave para el abastecimiento de armamento a organizaciones criminales, que posteriormente lo utilizan en disputas territoriales y actividades ilícitas.

Tanto el Cártel Jalisco Nueva Generación como el Cártel de Sinaloa figuran entre las organizaciones criminales más poderosas de México, con presencia internacional y una larga disputa por el control del narcotráfico. Su designación como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos ha endurecido las sanciones contra quienes colaboren directa o indirectamente con sus operaciones.

La acusación contra Gray refleja el interés de las autoridades estadounidenses por frenar el suministro de armas a estos grupos, un fenómeno que ha sido señalado por el gobierno mexicano como uno de los principales factores que alimentan la violencia en el país.

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