CIUDAD DE MÉXICO. – El derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, detectado desde inicios de marzo de 2026, se ha extendido a lo largo de 630 kilómetros de costa entre Veracruz y Tabasco, de acuerdo con organizaciones ambientales, comunidades pesqueras y cooperativas que denunciaron la magnitud del impacto en los últimos días, al señalar afectaciones crecientes en diversas localidades del litoral.

A tres semanas de haberse identificado la presencia de petróleo en el mar, colectivos como la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México alertaron que la mancha contaminante abarca una extensa franja costera que va desde Paraíso, en Tabasco, hasta Tamiahua, en el norte de Veracruz, lo que evidencia una emergencia ambiental de gran escala.

Las organizaciones señalaron que, hasta ahora, las autoridades no han logrado precisar el origen del derrame, lo que impide determinar si el flujo de hidrocarburo continúa activo o si ya fue contenido por completo. Esta incertidumbre se mantiene incluso después de que el gobierno federal solicitó a la Fiscalía General de la República iniciar investigaciones para deslindar responsabilidades.

Además del daño ecológico, los denunciantes cuestionaron la forma en que se han realizado las labores de limpieza. Aseguraron que los esfuerzos institucionales se han concentrado en playas de alta afluencia turística, mientras que otras zonas afectadas permanecen sin atención. En total, indicaron que existen 26 puntos contaminados, de los cuales varios no han recibido intervención oficial.

Frente a esta situación, habitantes de comunidades costeras han asumido tareas de limpieza por cuenta propia. En nueve sitios han trabajado de manera independiente, mientras que en otros ocho lo han hecho en coordinación parcial con autoridades, lo que refleja la falta de una estrategia integral de respuesta.

La problemática, subrayaron, trasciende lo ambiental y se convierte en una crisis social. Las comunidades pesqueras, indígenas y afrodescendientes enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad al participar en la recolección de residuos sin equipo adecuado ni capacitación, además de no haber recibido compensaciones económicas por los daños sufridos. En ese contexto, advirtieron que la situación pone en riesgo derechos fundamentales como la salud, el trabajo y la alimentación.

En su posicionamiento, las organizaciones exigieron acciones inmediatas y efectivas para atender la contingencia, así como la suspensión de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos como medida preventiva. También pidieron que se transparente el origen del derrame y se sancione a los responsables.

De igual forma, plantearon la necesidad de establecer mecanismos de protección para el Corredor Arrecifal del Golfo de México y para las comunidades afectadas, con el fin de garantizar derechos colectivos relacionados con el territorio, el medio ambiente sano y la autodeterminación.

Entre los grupos que participan en la denuncia se encuentran comunidades indígenas de Pajapan, así como diversas organizaciones sociales y de derechos humanos que han acompañado a los pobladores en la documentación de los daños y en la exigencia de justicia ambiental.

Este derrame, cuya magnitud ya alcanza cientos de kilómetros, pone nuevamente en evidencia los riesgos asociados a la industria petrolera en zonas marinas, donde los impactos pueden prolongarse durante meses o incluso años, afectando ecosistemas, economías locales y la vida cotidiana de miles de personas.

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