CIUDAD DE MÉXICO.- Este 20 de marzo de 2026, al cumplirse exactamente un año de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la ex comisionada Julieta del Río Venegas denunció públicamente un grave retroceso en la garantía de estos derechos en México.

A través de un balance sobre el nuevo modelo institucional, advirtió que el gobierno federal ha incrementado el uso de la figura de “información reservada”, mientras que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) presenta fallas operativas severas y las vulneraciones a datos personales van en aumento.

Durante la vida institucional del INAI (y su antecesor, el IFAI), el organismo logró registrar más de 10.3 millones de solicitudes de información y consolidar la PNT con más de 15 mil millones de registros.

Sin embargo, en el escenario actual, el nuevo organismo denominado Transparencia para el Pueblo ha centralizado las controversias en una dependencia del Poder Ejecutivo, rompiendo con la autonomía previa.

Del Río Venegas detalló que esta transición ha mermado la accesibilidad ciudadana. En la PNT se reporta la desaparición de archivos y deficiencias en el buscador general. Al respecto, la ex funcionaria señaló:

“A un año de la desaparición del INAI, al realizar diversas consultas en la PNT se observan deficiencias en su funcionamiento, información incompleta y, en ocasiones, fallas en las búsquedas. Diversos cambios realizados a la plataforma, algunos entendibles por los ajustes derivados de la nueva legislación, han afectado su operatividad y accesibilidad”, dijo.

El nuevo modelo obliga a que los ciudadanos que enfrentan una negativa de información recurran a un órgano dependiente de una Secretaría de Estado y no a un colegiado autónomo. Esto ha provocado una judicialización del acceso a la información, forzando a los solicitantes a pagar costosos juicios de amparo, informó en un comunicado.

“Esto representa un cambio profundo en el equilibrio institucional. En la práctica, las resoluciones rara vez favorecen a los ciudadanos, y ahora el acceso a la información se ha judicializado, generando como consecuencia que las personas deban recurrir con mayor frecuencia al juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación como vía principal para la tutela de estos derechos”, explicó.

A nivel estatal, la situación se replica: las funciones se delegaron a contralorías internas y, en varios estados, ni siquiera se han implementado las estructuras necesarias, dejando un vacío legal. Esto coincide con una crisis en la protección de datos personales. Ante la falta de sanciones a bancos y plataformas que antes imponía el INAI, los reportes por robo de identidad en México han crecido un 40%.

“Nunca antes se habían observado tantas filtraciones y uso indebido de información personal”, alertó la ex comisionada.

Sumado a esto, Del Río Venegas acusó un doble estándar en el manejo gubernamental de los datos. Mientras se reserva por “seguridad” la información de obras como el Tren Interoceánico, se exponen datos del Mundial de Fútbol o de pensionados para capitalizar la atención pública.

“Lo mismo ocurrió con la información sobre pensionados: se presentó públicamente con fines mediáticos, cuando en realidad es información que debe publicarse por obligación de transparencia”, subrayó. “Esto genera la percepción de que la transparencia se aplica a conveniencia política”.

Frente a este panorama, la ex funcionaria hizo un llamado urgente para replantear el rumbo de estas instituciones y evitar que el acceso a la información quede a merced de intereses políticos:

“A un año de la desaparición del INAI, la transparencia y la protección de datos personales no pueden depender de la buena voluntad de los funcionarios ni de ajustes tecnológicos que limiten el acceso a la información”.

Concluyó con una exigencia para no dar por perdido el derecho ciudadano: “El modelo de garantía de este derecho que se propuso implementar con las reformas realizadas no ha superado la prueba a la que fue sometido.

Ello, más allá de instituciones, impacta en las personas y sus derechos. Sigamos impulsando la mejora de este nuevo diseño institucional a favor de la sociedad y, si resulta insuficiente, no temamos proponer su rediseño y relanzamiento”, dijo Del Río Venegas.