ZACATECAS, ZAC. – El Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado celebró en Zacatecas su primera sesión ordinaria pública de resolución de asuntos jurisdiccionales, en la que el Pleno, encabezado por el magistrado José Luis Hernández Ugalde, resolvió excitativas de justicia y un procedimiento de responsabilidad administrativa, además de aprobar acuerdos clave para el funcionamiento interno y la supervisión judicial.

Durante esta sesión inaugural, realizada en la capital del estado, las magistraturas que integran el Pleno analizaron y aprobaron por unanimidad un total de seis excitativas de justicia y un procedimiento de responsabilidad administrativa. Los proyectos resolutivos fueron presentados por las tres magistraturas que conforman el órgano colegiado, el cual actúa como instancia competente para evitar retrasos en los procesos y garantizar la celeridad en la administración de justicia.

Las excitativas de justicia, explicó el propio Tribunal, no constituyen un recurso legal, sino un impulso procesal cuyo objetivo consiste en activar el deber jurisdiccional de los órganos responsables, a fin de que no se excedan los plazos establecidos en la ley. Este mecanismo deriva del derecho de las personas a una justicia pronta y expedita, y busca prevenir dilaciones indebidas en la resolución de los asuntos sometidos a conocimiento judicial.

En lo referente al procedimiento de responsabilidad administrativa, la magistrada Celia Nayeli Juárez Castro detalló que este tipo de casos se presentan cuando una persona servidora pública, en el ejercicio de su encargo, incumple con los deberes legales que regulan su función, ya sea por acción u omisión. Estas conductas, señaló, activan un mecanismo de control institucional orientado a garantizar que las personas juzgadoras actúen dentro de los límites que marca la ley y a preservar el debido proceso.

Como resultado del análisis del caso, el Pleno determinó imponer una sanción de suspensión temporal por 5 días, sin goce de sueldo, a un Juez Especializado del Sistema Penal Acusatorio. Esta decisión se adoptó con base en las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial como órgano encargado de investigar, sustanciar y sancionar las responsabilidades administrativas, con el propósito de fortalecer la confianza de las y los justiciables y asegurar una rendición de cuentas clara. El Tribunal precisó que estas medidas no persiguen un fin punitivo, sino preventivo, orientado a robustecer la administración de justicia.

En el desarrollo de la sesión, el Pleno aprobó también por unanimidad la plantilla básica inicial del personal del Tribunal, la cual será sometida a consideración del Órgano de Administración Judicial, presidido por la consejera Norma Esparza Castro. Al respecto, la magistrada Vania Arlette Vaquera Torres subrayó que se trata de personal serio y profesional, encargado de iniciar una labor fundamental para el correcto funcionamiento del Tribunal. Añadió que, conforme evolucionen las necesidades del servicio, se valorará junto con el Órgano de Administración Judicial la posibilidad de nuevas contrataciones.

Otro de los puntos relevantes del orden del día fue el análisis y aprobación del Acuerdo General por el que se establecen los Lineamientos para la realización de Visitas Judiciales. Dicho acuerdo recibió el aval unánime del Pleno y será turnado al Órgano de Administración Judicial, junto con el Programa Anual de Visitas, el cual contempla recorridos y evaluaciones a las Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, Juzgados de Primera Instancia y Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado.

En la parte final de la sesión, las magistraturas discutieron los principios fundamentales que regirán las Visitas Judiciales a los distintos órganos jurisdiccionales, en todas sus materias. Estas visitas tendrán como finalidad verificar el desempeño jurisdiccional, administrativo y ético del personal, así como el uso adecuado del sistema de gestión judicial y la correcta digitalización de la información.

El Tribunal señaló que este ejercicio permitirá mejorar la rendición de cuentas, fortalecer la transparencia y consolidar la seguridad jurídica. Como resultado de las visitas, se elaborará un dictamen detallado sobre el estado que guarda cada órgano jurisdiccional, el cual se emitirá bajo mecanismos de confidencialidad, audiencia pública y publicación de resultados, en apego a los principios que rigen la función judicial.

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