CIUDAD DE MÉXICO. – El Gobierno Federal confirmó en la Ciudad de México, el tres de enero de dos mil veintiséis, que se eliminarán las horas extras para la mayoría de los trabajadores en todo el país, como parte de un ajuste a la jornada laboral que modifica la manera en que miles de personas complementaban sus ingresos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio a conocer los lineamientos que limitarán el trabajo extraordinario, en paralelo a la propuesta de reducir la jornada semanal a cuarenta horas.

La decisión forma parte de un paquete de reformas laborales impulsadas por la administración federal, que en los últimos meses también promovió ajustes al salario mínimo. Con este nuevo esquema, las actividades adicionales que tradicionalmente se realizaban fuera del horario laboral para obtener ingresos extra dejarán de operar bajo las reglas conocidas hasta ahora y quedarán sujetas a controles más estrictos.

Autoridades laborales explicaron que la eliminación de las horas extras se vincula directamente con la transición hacia una jornada de cuarenta horas semanales, en sustitución de las cuarenta y ocho que predominan en diversos sectores. La implementación del nuevo modelo iniciará en mayo de dos mil veintiséis y avanzará de manera gradual, con una primera reducción de dos horas a partir del primero de enero de dos mil veintisiete.

El objetivo central de esta reconfiguración es mejorar el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, además de establecer mecanismos más claros para el pago y autorización de tiempo extraordinario en los casos que sí lleguen a permitirse. Sin embargo, la medida ha generado inquietud entre trabajadores que dependían de las horas extras para incrementar sus percepciones mensuales.

Desde el Gobierno se aseguró que la eliminación del trabajo extraordinario no implica una reducción de salarios ni de prestaciones, ya que la reorganización de las jornadas busca mantener intactos los ingresos base. A la par, se confirmó un incremento del salario mínimo general de trece por ciento para el año dos mil veintiséis y de cinco por ciento en la Zona Libre de la Frontera Norte, como una forma de compensar posibles afectaciones económicas.

Por su parte, representantes del sector empresarial reconocieron que los cambios obligarán a replantear esquemas de turnos, contratación y operación, mientras que organizaciones laborales advirtieron sobre la necesidad de una vigilancia efectiva para evitar abusos o recortes encubiertos. Pese a las posturas encontradas, la administración federal sostuvo que la reforma busca sentar las bases de un modelo laboral más justo y sostenible en el largo plazo.

Foto: cortesía