Ciudad de México.- La senadora por Zacatecas, Geovanna Bañuelos, presentó una iniciativa para que el Estado mexicano asegure de manera permanente los precios de garantía de productos básicos del campo, con el objetivo de otorgar precios justos a las y los agricultores y evitar que esta política dependa de voluntades políticas o decisiones de funcionarios en turno.

La propuesta plantea reformar el artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para reconocer los precios de garantía como un elemento central de la política rural nacional, sustentado en un marco jurídico claro, estable y permanente. Al exponer los motivos de la iniciativa, la legisladora explicó que se busca armonizar la legislación secundaria con la reforma constitucional de 2024, la cual establece la obligación del Estado de mantener precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable.

Geovanna Bañuelos subrayó que, con la reforma constitucional, esta política dejó de ser un programa temporal y adquirió el carácter de obligación del Estado. En ese sentido, la iniciativa propone definir en la ley el concepto de precios de garantía como un instrumento para asegurar un ingreso digno y como una política de apoyo dirigida principalmente a pequeños y medianos productores.

Asimismo, se establece de manera explícita el mandato constitucional de mantener estos precios de garantía, en armonía con el artículo 27 de la Constitución, reconociendo la responsabilidad del Estado de garantizar estabilidad e ingreso justo en la producción de alimentos básicos.

La propuesta también incorpora los precios de garantía dentro del régimen de apoyos económicos, priorizando a pequeños y medianos productores agropecuarios, bajo principios de corresponsabilidad fiscal, transparencia y progresividad social.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo afirmó que esta reforma permitiría avanzar hacia una política rural con visión de Estado, que fortalezca la soberanía alimentaria, impulse la producción nacional y dignifique el trabajo de millones de mujeres y hombres del campo.

Finalmente, la senadora destacó que, de aprobarse la iniciativa, se consolidará una política alimentaria integral orientada a garantizar precios justos, producción suficiente y bienestar para quienes producen los alimentos del país. La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y posterior dictaminación.