CIUDAD DE MÉXICO. – Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por su probable responsabilidad en el delito de uso de recursos de procedencia ilícita, tras una audiencia celebrada este domingo catorce de diciembre en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, donde se determinó además que el exmandatario permanecerá bajo la medida de prisión preventiva oficiosa.

Durante la audiencia inicial, la jueza María Jazmín Ambriz López consideró que los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República resultaron suficientes para abrir formalmente el proceso penal en contra del exfuncionario, quien es acusado de ocultar y manejar recursos cuyo origen no pudo acreditar como lícito, presuntamente obtenidos durante su administración al frente del gobierno de Chihuahua entre dos mil doce y dos mil dieciséis.

De acuerdo con los planteamientos expuestos en la sala judicial, el exgobernador habría intentado ocultar setenta y tres millones novecientos veinticinco mil novecientos noventa y cinco pesos con nueve centavos, cantidad que forma parte de un monto global superior a noventa y seis millones seiscientos ochenta y cinco mil doscientos cincuenta y tres pesos con ochenta centavos. Dichos recursos, según la acusación, circularon a través del sistema financiero nacional mediante diversas operaciones que involucraron empresas vinculadas al propio Duarte y a personas de su círculo cercano.

La Fiscalía sostuvo que estas operaciones financieras no contaron con respaldo documental que acreditara su legalidad y que, además, se identificaron esquemas de simulación relacionados con apoyos al sector ganadero, los cuales habrían servido para desviar recursos públicos hacia cuentas privadas. En ese sentido, el ministerio público señaló que la investigación integra más de cien datos de prueba que permitieron establecer la probable comisión del delito imputado.

Por su parte, la defensa legal de César Duarte solicitó al juzgado que no se dictara la vinculación a proceso, al argumentar que las pruebas resultaban insuficientes, que se vulneraron derechos fundamentales y que la acusación respondía a una persecución de carácter político. No obstante, la jueza desestimó estos planteamientos al considerar que los elementos presentados ameritaron continuar con la causa penal.

Al resolver la situación jurídica del imputado, la autoridad judicial fijó un plazo de investigación complementaria que concluirá el nueve de junio de dos mil veintiséis, periodo durante el cual tanto la Fiscalía como la defensa podrán recabar y aportar pruebas adicionales. Mientras tanto, César Duarte permanecerá recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, al mantenerse vigente la prisión preventiva oficiosa.

Este caso se ha convertido en uno de los expedientes más relevantes en materia de combate a la corrupción y rendición de cuentas en el país, debido al perfil del imputado y a la magnitud de los recursos presuntamente involucrados. La evolución del proceso judicial será determinante para definir la responsabilidad penal del exgobernador y el alcance legal de las acusaciones formuladas en su contra.

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