CIUDAD DE MÉXICO. – La dirigente del partido Morena, Luisa María Alcalde, exhibió públicamente un contrato suscrito por Edson Saúl Andrade Lemus, quien fuera señalado como uno de los principales promotores de la llamada marcha de la Generación Z en la capital del país.

En su intervención, Alcalde señaló que el partido Acción Nacional (PAN) contrató a Andrade Lemus para prestar servicios de estrategia digital y gestión de redes sociales por un monto superior a dos millones de pesos.

El documento compartido por Alcalde detalla que Andrade Lemus fue contratado en febrero de este año con un sueldo global de $2,106,810.00 (MXN), distribuido en doce pagos mensuales que, según consta, continúan vigentes. En el mes de noviembre, el contrato señala que le corresponde un pago de $175,577.50.

La prestación de servicios tiene una vigencia hasta enero de dos mil veintiséis. Además del monto, el contrato incluye datos personales del joven como su clave de elector y su registro federal de contribuyentes, lo que generó cuestionamientos sobre la filtración de información sensible.

El joven, quien en redes sociales se presenta como “apartidista”, fue uno de los convocantes de la marcha de la Generación Z, la cual se llevó a cabo en calles de la capital y dejó como saldo más de cien policías y veinte civiles lesionados, así como daños a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ese contexto, la exposición del contrato por parte de la dirigente morenista ha abierto una fuerte controversia política sobre el uso de recursos y la actuación de los partidos en movilizaciones ciudadanas.

En respuesta al señalamiento, la dirigencia del PAN en la Ciudad de México lamentó la “arbitrariedad y uso de fuerza excesiva” en contra de los jóvenes participantes de la movilización, y subrayó que la demanda principal de los manifestantes era seguridad y un alto a la violencia. El partido no ofreció una explicación detallada sobre la razón de la contratación del señor Andrade Lemus ni sobre el seguimiento de los servicios contratados.

El episodio ha puesto en el centro del debate a los vínculos entre jóvenes activistas, partidos políticos y el uso de recursos públicos o partidistas. La exhibición del contrato también plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión de los gastos de los partidos, el papel de los jóvenes en la movilización política y la transparencia de los procesos internos.

Mientras tanto, la atención pública permanece enfocada en si esta contratación se trató de un hecho aislado o parte de una práctica más extendida.

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