CIUDAD DE MÉXICO. — El gobierno de Donald Trump ejecutó un nuevo ataque militar contra una embarcación en el Pacífico suramericano, bajo el argumento de que transportaba drogas, aunque no presentó evidencia que respaldara la acusación. El operativo, reportado por CBS News y confirmado por el secretario de defensa Pete Hegseth, se realizó en aguas internacionales y dejó dos personas muertas.

En un mensaje publicado en X, Hegseth aseguró que “había dos narcoterroristas a bordo de la embarcación durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Ambos terroristas fueron asesinados y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”. Con esta operación, suman ocho los ataques documentados por Estados Unidos en el mar Caribe y Pacífico desde el 2 de septiembre.

De acuerdo con estimaciones oficiales, las acciones militares han dejado un saldo de 32 muertos. Los operativos comenzaron el 2 de septiembre, cuando un ataque contra una lancha dejó 11 fallecidos que, según Trump, pertenecían a la banda venezolana Tren de Aragua. A este siguieron seis agresiones más en distintos puntos del Caribe que, en conjunto, provocaron otras 21 muertes. El último ataque ocurrió el 17 de octubre contra presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización colombiana señalada como terrorista por el Departamento de Estado desde 1997.

El senador demócrata Mark Kelly criticó abiertamente la justificación oficial de estos operativos. En entrevista con el programa Face the Nation, el legislador expresó que “quieren mantener el fentanilo fuera de los Estados Unidos, pero esas rutas a través del Caribe en barcos se utilizan predominantemente para llevar cocaína a Europa, no a Estados Unidos”. Aseguró que “el fentanilo tiende a ser transportado al país de una manera diferente”.

Kelly también reveló que, durante los informes al Congreso, “les costó mucho explicarnos la justificación, la justificación legal y la constitucionalidad de hacerlo”. Afirmó que se mencionó la existencia de una lista secreta con más de 20 organizaciones criminales, pero los legisladores no han tenido acceso a ella.

La política militar de Trump se centra en vincular el narcotráfico con acciones terroristas y en colocar al presidente Nicolás Maduro como objetivo principal. Washington ha acusado al mandatario venezolano de liderar una red internacional de narcotráfico y ha autorizado operaciones encubiertas de Central Intelligence Agency (CIA) en su territorio. Además, se evalúa extender las operaciones a ataques terrestres, lo que ha elevado la tensión regional y provocado respuestas directas desde Caracas.

Maduro calificó los operativos como “crimen alevoso” y “un ataque de carácter militar sobre unas personas civiles que no estaban en guerra y no estaban amenazando militarmente a ningún país”. También advirtió que responderá a cualquier incursión militar con una “lucha armada”. Su gobierno anunció una movilización militar y comenzó a entrenar a civiles ante la posibilidad de una invasión estadounidense.

Juristas y especialistas en derecho internacional cuestionaron la legalidad de los ataques, ya que Estados Unidos ha tratado históricamente el narcotráfico marítimo como un asunto policial y no bélico. La administración Trump sostiene que las muertes se enmarcan en “defensa propia”, pero no ha presentado un análisis jurídico detallado que respalde esta postura ni ha explicado cómo encuadra la lucha contra cárteles dentro de un conflicto armado formal.

La ofensiva tampoco cuenta con autorización explícita del congreso. Aunque la presidencia puede ordenar ataques limitados sin aprobación legislativa, la creciente frecuencia de estas operaciones podría forzar un debate en Washington. La resolución sobre los poderes de guerra de 1973 obliga al ejecutivo a obtener el aval legislativo si una intervención militar se prolonga más de 60 días sin autorización formal.