La propuesta de reforma al Poder Judicial presentada recientemente ha reavivado un debate profundo sobre la estructura, la legitimidad y el acceso a la justicia en México. Bajo el argumento de democratizar uno de los poderes más opacos del Estado, la iniciativa plantea, entre otros puntos, la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A primera vista, la idea puede parecer congruente con una aspiración democrática: que los ciudadanos elijan directamente a quienes imparten justicia. Sin embargo, este enfoque simplifica un problema complejo y pone en riesgo la autonomía judicial, uno de los pilares fundamentales de todo Estado de Derecho.

El Poder Judicial debe su legitimidad no a la popularidad, sino a su capacidad técnica, independencia y respeto irrestricto a la Constitución. Someter su integración a procesos electorales —donde influyen factores partidistas, ideológicos y mediáticos— podría politizar las resoluciones judiciales y comprometer el equilibrio de poderes.

No obstante, negar que existe una crisis de confianza en la justicia mexicana sería ingenuo. Casos de corrupción, impunidad y resoluciones cuestionables han deteriorado la percepción ciudadana. Urge, por tanto, una reforma judicial profunda, pero que privilegie la profesionalización, la rendición de cuentas, la transparencia en los nombramientos y la cercanía con la ciudadanía, sin sacrificar los contrapesos institucionales que dan estabilidad al sistema democrático.

México necesita una justicia más ágil, más humana y más confiable. Pero esa transformación no debe partir de una lógica electoral, sino de una visión institucional de largo plazo, en la que la imparcialidad no se negocie y la independencia no se fragmente.