Amalia García Medina
Senadora de la República
Uno de los principales desafíos que enfrentamos las mujeres para alcanzar la igualdad sustantiva es conquistar nuestra autonomía económica. No podemos hablar de igualdad plena mientras millones de mujeres tengan que renunciar a sus empleos, a sus estudios, a sus proyectos personales y a su tiempo libre para asumir, prácticamente solas, las responsabilidades de cuidado.
Tuve la oportunidad de reflexionar sobre este tema durante el Primer Congreso Internacional “Democracias en Transformación: crisis, adaptaciones y nuevos equilibrios”, organizado por la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la mesa “Desafío de las Mujeres en la Formación Política de México”.
Compartí este espacio con mujeres de distintas trayectorias y fuerzas políticas: Noemí Luna, Mariana Anaya, Renata Ávila, Griselda Romero y María de la Luz Domínguez, bajo la moderación de Flor Adelina García Lara. Fue un encuentro que nos permitió reflexionar sobre las dificultades que enfrentamos las mujeres para participar en la vida pública y, sobre todo, para transformar la realidad.
Porque, desde mi perspectiva, hacer política significa influir en los acontecimientos. ¿Para qué queremos las mujeres estar en los espacios de decisión si no es para transformar una realidad que históricamente nos ha excluido, subordinado y discriminado?
Durante siglos se construyó una división profundamente desigual: el espacio público y las decisiones de poder correspondían a los hombres, mientras que el ámbito privado y las responsabilidades domésticas se asignaban a las mujeres.
Esta separación ha tenido consecuencias económicas, políticas y sociales que persisten hasta nuestros días.
Las mujeres sostenemos la vida porque estamos cuidando. Sin los cuidados no podrían funcionar las familias, las comunidades, la economía ni ninguna nación. Sin embargo, este trabajo indispensable sigue siendo insuficientemente reconocido y, en la mayoría de los casos, no es remunerado.
Durante mucho tiempo, cuando se preguntaba a una mujer dedicada al hogar en qué trabajaba, respondía que en nada. Pero cuidar es trabajar. Es una actividad que sostiene la vida y hace posible el funcionamiento de toda la sociedad.
El problema se agrava cuando las mujeres conseguimos incorporarnos al mercado laboral, obtenemos ingresos propios y alcanzamos cierta independencia económica, pero debemos abandonar nuestros empleos para cuidar a nuestras hijas e hijos, a una persona enferma, con discapacidad o adulta mayor.
Los datos que compartí durante el encuentro indican que alrededor del 70 por ciento de las mujeres que han dejado un empleo remunerado lo hicieron para asumir responsabilidades de cuidado.
Esta situación representa uno de los mayores obstáculos para nuestro empoderamiento económico. Porque tener ingresos propios significa contar con autonomía, con capacidad de decisión y con mayores posibilidades de construir nuestro proyecto de vida.
Pero existe otra desigualdad de la que hablamos poco: la pobreza de tiempo de las mujeres.
Muchas no tenemos tiempo propio. No tenemos tiempo suficiente para estudiar, descansar, participar en actividades culturales o políticas, ni siquiera para atender nuestras necesidades personales, porque siempre hay alguien a quien cuidar.
Y cuando una mujer no puede hacerse cargo de esas tareas, generalmente se recurre a otra mujer: la abuela, la tía, la hermana o la vecina. Así, las responsabilidades se trasladan de unas mujeres a otras, sin resolver la desigualdad de fondo.
Por eso estoy convencida de que los cuidados deben convertirse en la gran política social del siglo XXI.
Necesitamos construir un Estado de bienestar cuidador, en el que las familias, la sociedad y los gobiernos compartamos estas responsabilidades. Los cuidados no pueden seguir considerándose una obligación exclusiva de las mujeres, y mucho menos de las niñas, que en numerosos hogares también asumen estas tareas.
Debemos garantizar servicios públicos de cuidado desde el ámbito local y federal: estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, centros de atención diurna para personas adultas mayores y espacios adecuados para quienes viven con alguna discapacidad o requieren asistencia.
Estas políticas no solamente beneficiarían a las personas que necesitan cuidados. También permitirían que millones de mujeres pudieran trabajar, estudiar, prepararse, disponer de recursos propios y ejercer su derecho al descanso.
Esta responsabilidad del Estado adquiere una dimensión especialmente urgente cuando hablamos de las víctimas indirectas de feminicidio. ¿Qué sucede con las hijas y los hijos de una mujer asesinada? Con frecuencia, sus cuidados quedan a cargo de una abuela, una hermana o una tía, quienes deben asumir nuevas responsabilidades económicas y emocionales.
El Estado no puede permanecer ajeno a esa realidad. La protección de esas niñas, niños y adolescentes también debe incluir la garantía de sus cuidados y el acompañamiento a quienes se hacen responsables de ellos.
A lo largo de mi trayectoria política he sostenido que la presencia de las mujeres en los espacios de poder debe servir para transformar las instituciones y las relaciones sociales.
Cuando fui gobernadora de Zacatecas impulsamos presupuestos con perspectiva de género y promovimos que las distintas dependencias incorporaran esta visión en sus políticas públicas. No se trataba solamente de que hubiera mujeres ocupando cargos importantes, sino de transformar la manera de gobernar.
Hoy tenemos avances fundamentales en materia de participación política y paridad. Pero debemos ir más allá: necesitamos que el ejercicio del poder se traduzca en derechos efectivos, mejores condiciones de vida y oportunidades para todas.
La igualdad sustantiva no será posible mientras las mujeres sigamos enfrentando barreras económicas y una distribución profundamente desigual del trabajo de cuidados.
Por eso debemos colocar esta agenda en el centro de las decisiones públicas.
Todas las personas tenemos derecho a ser cuidadas con dignidad, pero quienes cuidan también tienen derecho a su tiempo propio, a su autonomía económica y a desarrollar plenamente su vida.
Reconocer, redistribuir y garantizar los cuidados es una condición indispensable para construir una sociedad más justa e incluyente.
Porque cuando los cuidados se convierten en una responsabilidad compartida, no solamente avanzamos las mujeres: avanzamos todas y todos.
