La detención de los directores de Seguridad Pública de Momax y Río Grande vuelve a exhibir una de las mayores contradicciones de la estrategia de seguridad en Zacatecas: quienes tienen la responsabilidad de proteger a la población aparecen bajo investigación por presuntos vínculos con actividades criminales.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, José Miguel “N”, director de Momax, es investigado por probable facilitación delictiva; mientras que José Alonso “N”, titular de la corporación de Río Grande, enfrenta señalamientos por su probable participación en secuestro agravado y extorsión agravada.

Los casos se suman a la detención, en agosto, del director de Seguridad Pública de Juchipila y un policía municipal, investigados por secuestro agravado.

No se trata de hechos menores ni de asuntos que puedan despacharse con un comunicado.

Cada detención compromete la credibilidad de una institución cuya autoridad depende, precisamente, de la confianza ciudadana.

Cuando un mando policial es señalado por facilitar actividades delictivas o por su probable participación en delitos de alto impacto, la sospecha alcanza a sus subordinados, al alcalde que lo nombró y a las autoridades responsables de supervisarlo.

El gobernador David Monreal ha sostenido que las policías municipales representan el eslabón más débil de la cadena de justicia en Zacatecas.

Bajo ese diagnóstico, el Estado ha impulsado la depuración de las corporaciones y el esquema de mando único, con participación de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y mandos provenientes de la Policía Estatal, además de los exámenes de control de confianza.

Pero los hechos obligan a cuestionar la eficacia de esos mecanismos.

¿Qué tan confiables son las evaluaciones si quienes ya acreditaron condiciones de integridad terminan bajo investigación por presuntos nexos criminales?

¿Quién verifica que los filtros funcionen y que la supervisión no se limite a cumplir un requisito administrativo?

Aprobar un examen no puede convertirse en una garantía de impunidad ni en un certificado permanente de honestidad.

La depuración no se demuestra con la detención de mandos, sino con la capacidad institucional para prevenir la infiltración criminal, detectar riesgos y establecer responsabilidades también entre quienes seleccionan, evalúan y supervisan a los funcionarios policiales.

La ciudadanía no entrega un uniforme para que se utilice como protección del delito.

Lo entrega para que se proteja su vida, su patrimonio y su tranquilidad.

Cuando esa confianza se traiciona desde la propia estructura de seguridad, el daño rebasa a un funcionario: debilita a toda la corporación y erosiona la legitimidad del gobierno.

Las autoridades deben esclarecer los casos, respetar el debido proceso y explicar qué falló en los controles.

La seguridad pública no puede exigir confianza a la población mientras deja sin respuesta las dudas sobre sus propios mandos.

Aunque las investigaciones siguen en curso y debe prevalecer la presunción de inocencia, el hecho de que estos mandos policiales sean investigados por sus presuntos vínculos con actividades criminales coloca bajo escrutinio su conducta y la integridad con la que ejercieron sus cargos.

Más allá de la resolución judicial, los señalamientos ponen en entredicho el compromiso ético y social que asumieron al aceptar la responsabilidad de proteger y defender a la ciudadanía.

Quien porta un uniforme policial no solo representa a una institución: adquiere la obligación de actuar con honestidad, lealtad y apego a la ley.

Si sa responsabilidad queda bajo sospecha, la confianza pública recibe un golpe que ninguna corporación puede permitirse ignorar.