Eulogio Monreal Ávila
Al inicio del régimen actual (2018), humanismo mexicano, el expresidente Andrés Manuel López Obrador planteó un modelo incluyente que proponían diversas acciones, entre otras, “bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos para aumentar los sueldos de los servidores públicos de abajo”.
En ese orden, al finalizar la administración 2018-2024 se llevó a cabo reforma constitucional y legal en el Poder Judicial Federal; posteriormente, las entidades federativas del país impulsaron lo propio en los respectivos poderes judiciales locales.
En Zacatecas, la reforma al Poder Judicial, al igual que el federal, uno de los múltiples compromisos fundamentales, se refería a transformar la institución mediante la eliminación de privilegios en los mandos superiores y la dignificación integral de las condiciones de la base trabajadora, cuyo esfuerzo constante sostiene una función jurisdiccional.
Ante vicios y costumbres confabulados por el viejo régimen, los evidentes desafíos en la administración judicial local, el esfuerzo reformador ha consistido (entre muchos más), luchar contra la opacidad e inequidad del tabulador salarial.
Este esquema sobrecargado registra más de un centenar de categorías distintas en la estructura de dicho órgano, incluyendo asignaciones personificadas (a contentillo de quienes habían presidido el TSJ), quienes, a diestra y siniestra, distorsionaban la equidad interna e ignoraban (por no decir propiciaban) rezagos críticos; esas acciones extralegales, definían la discrecionalidad como una regla normalizada en quienes asumían la titularidad de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
En la semana recién concluida en los corrillos y principales centros de trabajo del Poder Judicial, así como en los 18 distritos judiciales, se escuchaba en la generalidad de trabajadores de la base del propio Poder, voces de agradecimiento en satisfacción por la acertada decisión tomada por el Órgano de Administración Judicial, para nivelar mediante un aumento salarial a servidores públicos de abajo.
La viabilidad de estos resultados se logró gracias a la administración de los recursos públicos basada en principios de honestidad, transparencia, eficiencia, planeación y revisión oportuna del gasto público.
Con ello, la reforma da cuenta que con hechos de austeridad y la buena administración no solo optimizan las finanzas públicas, sino que dignifican y reconocen el verdadero valor de la base trabajadora en la construcción de las instituciones.
Bienaventuradas, las decisiones responsables de los consejeros/as del Órgano de Administración Judicial en la transición transformadora de una reforma judicial con rostro de justicia.
