Las comparecencias de los integrantes del gabinete estatal ante el Congreso tienen una finalidad esencial: someter el ejercicio del poder al escrutinio público.

No son actos de cortesía ni pasarelas para repetir cifras oficiales.

Son espacios para explicar decisiones, justificar el uso de recursos y responder preguntas sobre los resultados del gobierno.

Sin embargo, en Zacatecas, estos ejercicios han terminado más de una vez opacados por la confrontación política.

Recordemos que en octubre de 2022, la entonces secretaria de Educación, Maribel Villalpando Haro -hoy diputada local-, protagonizó una de las controversias más sonadas de la Legislatura.

Su inasistencia a la comparecencia correspondiente a la glosa del primer informe de David Monreal desató acusaciones de desacato, amenazas de multas y hasta de un procedimiento de juicio político.

El episodio también exhibió versiones políticas encontradas.

Morena sostuvo que la funcionaria había acudido y que la ausencia de diputados impidió instalar la sesión; legisladores de oposición afirmaron que nunca se presentó.

La disputa escaló hasta convertirse en un conflicto político y jurídico.

Tiempo después, el Congreso informó que la denuncia de juicio político fue desechada y archivada definitivamente.

Conviene precisar que sí existe una disposición que obliga a comparecer y contempla sanciones por inasistencia.

Los artículos 196 y 197 del Reglamento General del Poder Legislativo establecen quiénes deben acudir y los objetivos de estos ejercicios: informar sobre el estado de las dependencias, analizar asuntos de su competencia e investigar su desempeño.

El artículo 199 prevé una multa para los servidores públicos que no asistan, además de informar a su superior jerárquico y notificar a la autoridad administrativa correspondiente para hacerla efectiva.

La sanción, sin embargo, no debe confundirse con una consecuencia automática al margen del procedimiento aplicable.

Ahora, en la glosa de 2026, la ausencia de Bennelly Hernández, la titular de Desarrollo Social, tras su renuncia, y la de Ernesto González Romo, secretario de la Función Pública, vuelven a poner sobre la mesa la eficacia de estos mecanismos.

Si una funcionaria deja el cargo, ¿quién responde por los resultados de su gestión? ¿Y qué mensaje envía la ausencia del responsable de vigilar la legalidad y la transparencia?

Las comparecencias sirven para contrastar cifras, exigir explicaciones y documentar omisiones, pero si los legisladores privilegian el pleito partidista y los funcionarios no responden por sus decisiones, estos ejercicios de transparencia terminan convertidos en escenografías de rendición de cuentas.

Aquí el detalle no es solamente quién asiste y quién falta.

Es si existen seguimiento, responsabilidades y consecuencias verificables.

La transparencia no se mide por el número de funcionarios sentados frente a los diputados, sino por las respuestas que ofrecen y los resultados que la sociedad puede exigirles… Y en eso es en lo que andamos fallando…