Amalia García Medina

Cuando hablamos de feminicidio, con razón ponemos en el centro a la mujer cuya vida fue arrebatada por una expresión extrema de violencia. Pero junto a ella quedan también otras víctimas: sus hijas e hijos, sus madres, sus padres, sus hermanas, sus hermanos y, en muchos casos, quienes terminan asumiendo la responsabilidad cotidiana de cuidar a las infancias que quedaron en orfandad.

Por eso, en el análisis de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, considero indispensable tener altura de miras y preguntarnos algo fundamental: ¿quién cuida a quienes quedan en la orfandad después de un feminicidio?

La respuesta, en la mayoría de las ocasiones, es la misma: cuidan las abuelas, las tías, las hermanas. Mujeres que, además de vivir el dolor por la pérdida de una hija, una hermana o una familiar cercana, tienen que hacerse cargo de niñas, niños y adolescentes que han sufrido una experiencia profundamente traumática.

En muchos casos, esas niñas y niños perdieron a su madre de manera violenta. Algunas y algunos presenciaron la agresión; otros vivieron durante años en un entorno de violencia. Después del feminicidio enfrentan la ausencia, el duelo, el miedo, la incertidumbre y, muchas veces, un cambio total en su vida cotidiana.

Pero no son las únicas víctimas indirectas.

También están las madres, los padres y familiares de las mujeres asesinadas, quienes además de enfrentar la pérdida de una hija deben asumir, en ocasiones, el cuidado de sus nietas y nietos. A su duelo se suma una responsabilidad material, emocional y afectiva enorme, muchas veces sin apoyo económico, psicológico o institucional suficiente.

Por eso, hablar de feminicidio también debe conducirnos a hablar de cuidados.

El Estado no puede limitar su responsabilidad a la investigación y sanción del delito. Debe garantizar también mecanismos de protección, acompañamiento, atención y reparación integral para las víctimas indirectas. Eso significa atender a las niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad, pero también respaldar a las personas que asumen su cuidado.

No podemos dar por hecho que una abuela puede hacerse cargo, por sí sola, de varios nietos; que una tía puede reorganizar de un día para otro su vida personal, familiar y laboral; o que una persona edad avanzada pueden asumir nuevas responsabilidades económicas sin consecuencias para su propia salud y bienestar.

El feminicidio rompe familias enteras y modifica para siempre la vida de quienes permanecen. Por ello, las políticas públicas deben contemplar apoyos económicos, atención psicológica, acompañamiento jurídico, acceso a servicios de salud, educación para las infancias y mecanismos que permitan a las personas cuidadoras cumplir con esa responsabilidad sin quedar ellas mismas en condiciones de abandono o precariedad.

Si aspiramos a construir un Estado de bienestar cuidador, este es precisamente uno de los ámbitos en los que debemos demostrarlo.

Los cuidados no pueden seguir siendo considerados una responsabilidad privada de las familias y, mucho menos, una obligación que recaiga en la inmensa mayoría de los casos sobre las mujeres.

Durante muchos años, las abuelas, madres, hermanas y tías han sostenido silenciosamente a familias enteras. También después de un feminicidio son ellas quienes, con enorme frecuencia, reconstruyen hogares, contienen emocionalmente a las infancias y tratan de darles nuevamente estabilidad.

Cuidar también cuesta. Requiere tiempo, recursos, condiciones materiales, acompañamiento y salud emocional. Por eso debemos poner luz sobre quienes cuidan.

Una legislación integral frente al feminicidio debe reconocer que existen víctimas directas e indirectas, y que la reparación no puede concluir con una sentencia. Debe acompañar a las familias y garantizar que niñas, niños, adolescentes, madres, padres y personas cuidadoras encuentren respaldo institucional.

La justicia también consiste en no abandonar a quienes sobreviven.

Si queremos enfrentar realmente la violencia feminicida, debemos garantizar que después del delito ninguna niña, ningún niño, ninguna madre, ningún padre y ninguna persona cuidadora tengan que enfrentar en soledad las consecuencias de una tragedia que afecta a toda la sociedad.