La senadora Geovanna Bañuelos propuso modificar el Código Penal Federal para establecer penas de hasta 30 años de prisión contra quienes utilicen explosivos para atacar a instituciones de seguridad pública, fuerzas del orden o población civil.

La iniciativa contempla crear un tipo penal autónomo para sancionar atentados cometidos con pólvora, explosivos, artefactos improvisados, sustancias químicas y otros materiales capaces de provocar explosiones, detonaciones o incendios.

La propuesta establece penas de 15 a 30 años de prisión y multas de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Las sanciones aumentarían cuando los ataques pongan en riesgo la vida o integridad de civiles, o provoquen daños en viviendas, establecimientos, vehículos, lesiones o muertes.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, entre 2024 y agosto de 2026 se registraron 30 ataques con explosivos en la entidad: uno durante 2024, seis en 2025 y 23 hasta agosto de 2026. Entre estos últimos, seis fueron perpetrados mediante automóviles o motocicletas cargados con explosivos.

La propuesta surgió tras el ataque ocurrido el 30 de agosto contra la Comandancia Municipal de Ojocaliente, que dejó once personas heridas.

Bañuelos argumentó que la legislación actual no contempla de manera integral los ataques con explosivos contra instituciones de seguridad ni el riesgo colectivo que representan para la población.