Los estudiantes de San Marcos volvieron a las calles. Esta vez, atravesaron camiones en el bulevar metropolitano y provocaron un caos que terminó afectando a miles de personas.

Esto no es un asunto menor.

El bulevar es una de las principales vías de comunicación de la zona metropolitana. Bloquearlo significa trasladar el problema a las calles alternas, saturarlas y convertir un reclamo estudiantil en un problema para quienes necesitan llegar a trabajar, estudiar, atender una emergencia o simplemente regresar a casa.

Los sanmarqueños conocen bien estas formas de presión.

Hace apenas unos días tomaron casetas de peaje y obtuvieron recursos para mantener su movimiento. Ahora vuelven a cerrar una vía estratégica.

La protesta y la manifestación son derechos que deben respetarse, pero también existe una responsabilidad frente a la sociedad cuando las formas de protesta terminan afectando de manera recurrente a miles de ciudadanos.

Una medida de presión puede ser contundente y repetirla una y otra vez puede producir el efecto contrario: que la sociedad termine hablando más del caos provocado que de las demandas que originaron la movilización.

También habría que revisar qué resultados concretos producen estas acciones.

-¿Cuánto avanzan las negociaciones después de cada bloqueo?
-¿Qué acuerdos se consiguen?
-¿Qué compromisos se cumplen?
-¿Y cuánto termina pagando la ciudadanía por una disputa en la que no participa?

Una cosa es exigir respuestas y otra convertir la afectación a terceros en parte permanente de la estrategia.

Tomar una caseta, cerrar una carretera o paralizar una de las principales arterias de la zona metropolitana tiene consecuencias que van mucho más allá de las horas que dura la protesta.

Hay trabajadores que pierden tiempo y dinero, estudiantes que no llegan a sus clases, negocios que resienten el retraso y personas que pueden quedar atrapadas en medio de un congestionamiento sin tener ninguna relación con el conflicto.

La presión social funciona cuando consigue abrir puertas que estaban cerradas.

Si después de cada movilización el resultado es únicamente volver a bloquear, volver a tomar y volver a negociar, también vale la pena cuestionar la eficacia de la fórmula.

San Marcos tiene demandas que pueden ser legítimas y estudiantes que merecen ser escuchados.

Eso no coloca al resto de la sociedad en el papel de daño colateral.

El derecho a protestar no debería convertirse en una licencia para afectar indiscriminadamente a terceros.

También quienes protestan tienen una responsabilidad frente a la comunidad a la que pertenecen.

Una causa puede defenderse con firmeza sin perder de vista a quienes quedan atrapados en el camino.

La presión puede llamar la atención y la capacidad de construir acuerdos, obtener resultados y sostenerlos es la que finalmente demuestra cuánto vale una causa.