Hay noticias que lastiman algo más que la confianza: lastiman el significado de un uniforme.

La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre una red de presunto huachicol fiscal vuelve a poner bajo sospecha a exmandos de la Secretaría de Marina.

La indagatoria señala una estructura que habría utilizado posiciones, contactos y controles aduaneros para facilitar el contrabando de hidrocarburos.

Peto el problema no termina en el ámbito federal.

En Zacatecas, el exdirector de Seguridad Pública de Tlaltenango fue detenido por secuestro agravado. En Juchipila, otro exjefe policiaco y un agente municipal fueron vinculados a proceso por secuestro agravado y abuso de autoridad.

Son casos que indignan porque quien porta un uniforme no sólo representa un empleo: representa la posibilidad de que alguien llegue “a ayudar” cuando un ciudadano está en peligro.

Por eso duele más cuando esa confianza es traicionada.

No obstante, hay una diferencia que no debemos perder de vista: un mal policía no es la Policía; un servidor público corrupto no es la institución que traicionó.

Las instituciones se construyen precisamente para sobrevivir a quienes las utilizan mal. Se depuran, investigan, sancionan y vuelven a empezar.

En Zacatecas, incluso hubo municipios que temporalmente se quedaron sin policías por procesos de depuración y controles de confianza.

El Estado tuvo que asumir la vigilancia mientras se reconstruían sus corporaciones.

Eso también es institucionalidad.

No se trata de confiar a ciegas. Se trata de confiar en instituciones capaces de investigar a sus propios integrantes, de separar al que traiciona y de proteger al ciudadano aun cuando algunos de los encargados de hacerlo fallen.

Si un uniforme se corrompe, debe caer quien lo deshonra, no todaa institución.

Ésta en cambio, debe permanecer.

Y la ciudadanía necesita creer que, detrás de cada uniforme, todavía hay más servidores dispuestos a cumplir con su deber que aquellos que decidieron traicionarlo.