Septiembre abre una etapa incómoda para la política mexicana: el último año de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión coincide con el arranque formal del proceso electoral 2026-2027.

Y mientras en San Lázaro y el Senado comienza el tramo final del trabajo parlamentario, en 17 estados se prepara la disputa por las gubernaturas que estarán en juego el próximo año.

La coincidencia no es menor. Detrás de cada curul, cada escaño y cada cargo público comienzan a aparecer aspiraciones, licencias, negociaciones y posibles relevos.

Algunos legisladores ya comenzaron a dejar sus responsabilidades para participar en procesos internos e ir por una candidatura o ya están en espacios coyunturales.

Otros tendrán que decidir entre terminar la encomienda para la que fueron electos o competir por el siguiente cargo.

Y aquí aparece una discusión que no debería resolverse solamente desde la conveniencia partidista.

¿Quién reforzará a la presidenta Claudia Sheinbaum si quienes hoy ocupan posiciones estratégicas comienzan a irse?

¿Qué pendientes legislativos alcanzarán a resolverse antes de que la agenda electoral termine por devorar la parlamentaria?

Y, sobre todo: ¿cómo garantizar que quienes reciben el voto para cumplir una responsabilidad pública permanezcan el tiempo necesario para cumplirla a cabalidad?

El derecho a ser votado es constitucional y también lo es la obligación de ejercer con responsabilidad el cargo obtenido mediante el voto.

Entonces aparece una tensión que la clase política suele esquivar: ¿es más importante proteger la aspiración personal de quien busca otro cargo o respetar el mandato ciudadano que le fue confiado?

Una licencia puede ser legal, pero la legalidad no siempre resuelve el dilema ético.

El último año legislativo debería ser precisamente el momento de cerrar pendientes, perfeccionar leyes y responder a quienes depositaron su confianza en diputados y senadores.

No convertirse en una sala de espera para la siguiente candidatura.

La democracia permite aspirar a más. Lo que no debería permitir es que el servicio público se convierta en una estación temporal mientras llega una oportunidad políticamente más atractiva.

Cuando un funcionario abandona una encomienda a mitad del camino, alguien debe terminar el trabajo… y, sobre todo, explicar quién responde ante los ciudadanos que lo eligieron.

¿Usted qué opina?