GUERRERO. – El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue vinculado a proceso la madrugada de este miércoles en Almoloya de Juárez, Estado de México, por su presunta participación en el ocultamiento de evidencia relacionada con el caso Ayotzinapa; un juez de control también ratificó la prisión preventiva oficiosa en su contra.

La resolución se produjo después de una audiencia que se prolongó durante casi 14 horas, en la que el juez de control Mario Martínez Elizondo, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, determinó que la Fiscalía General de la República presentó elementos suficientes para continuar el proceso penal contra el exmandatario guerrerense.

Con la determinación judicial, Aguirre Rivero deberá permanecer recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano por lo menos durante los próximos cuatro meses, mientras avanza la investigación correspondiente.

El juzgador reclasificó el delito que inicialmente había atribuido la Fiscalía General de la República al exgobernador. La acusación pasó de desaparición forzada de personas a desaparición forzada cometida por servidores públicos, ilícito que, de acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, puede alcanzar una pena de entre 40 y 60 años de prisión.

Uno de los puntos centrales de la acusación está relacionado con grabaciones de los hechos ocurridos frente al Palacio de Justicia de Iguala durante la noche del 26 de septiembre de 2014, en el contexto de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

De acuerdo con la información presentada en el proceso, dos testigos señalaron que Aguirre Rivero recibió los videos y ordenó su destrucción. La Fiscalía presentó 31 datos de prueba relacionados con esta acusación; sin embargo, el juez no avaló esos elementos en torno a la versión de que el exgobernador no recibió las grabaciones ni ordenó eliminarlas.

La defensa del exmandatario sostuvo que Aguirre Rivero se encontraba en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 2014, donde habría participado en una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Este argumento fue expuesto como parte de la postura de la defensa frente a las acusaciones relacionadas con los videos.

La decisión judicial mantiene a Ángel Aguirre Rivero bajo prisión preventiva mientras continúa el procedimiento por los hechos que se le atribuyen dentro de la investigación del caso Ayotzinapa.

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