El derecho de las audiencias no es un concepto nuevo.

Existe en la legislación mexicana y parte de una premisa básica: quienes consumen radio y televisión tienen derecho a recibir información claramente diferenciada entre hechos y opiniones, a conocer cuando un contenido es publicidad, a contar con mecanismos para presentar quejas y a tener un defensor de las audiencias que atienda esas inconformidades.

La propuesta que hoy impulsa el Gobierno Federal busca actualizar esos lineamientos mediante una consulta pública.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que no pretende decirle a los medios qué publicar ni imponer contenidos.

Su argumento es que se trata de fortalecer la autorregulación, que cada concesionario cuente con un código de ética y que existan procedimientos para proteger a las audiencias.

En otras palabras, sostiene que el centro de la discusión son los derechos de los ciudadanos, no el control de los periodistas.

Peeerooo, el debate no se centra en eso.

Diversos medios de comunicación, analistas y organizaciones han expresado preocupación por las facultades que podría tener la autoridad reguladora para intervenir en controversias.

El temor es que, bajo el argumento de proteger a las audiencias, se termine abriendo la puerta a presiones políticas o decisiones discrecionales que inhiban el trabajo periodístico.

La historia de México obliga a tomar esas advertencias con seriedad.

La libertad de expresión nunca debe darse por garantizada; no obstante, tampoco sería responsable descalificar cualquier regulación por el simple hecho de existir.

Las audiencias también tienen derechos. Tienen derecho a identificar publicidad disfrazada de información, a exigir rectificaciones cuando existan errores y a reclamar contenidos que incumplan las obligaciones legales.

En un ecosistema saturado de desinformación, esos mecanismos pueden fortalecer la confianza pública si se aplican con absoluta independencia.

Lo importante es que se encuentre el equilibrio.

Una regulación débil deja indefensas a las audiencias. Una regulación excesiva puede convertirse en un instrumento de presión sobre los medios.

La discusión, entonces, no debería centrarse en si estamos a favor o en contra de los derechos de las audiencias. Esa respuesta parece obvia.

Lo que todos necesitamos saber es quién vigilará esos derechos, bajo qué reglas, con qué contrapesos y con qué garantías, para impedir que una herramienta creada para proteger a los ciudadanos termine utilizándose para limitar la crítica o incomodar a las voces independientes.

En democracia, las audiencias merecen respeto. Los medios merecen libertad, y el Estado tiene la obligación de garantizar ambas cosas sin sacrificar ninguna.