La muerte de Dafne, una adolescente de apenas 13 años durante un curso de verano en una academia militarizada de Tamaulipas, sacudió al país.

La detención del director y de otras dos personas marca un avance en la investigación, pero no responde la pregunta de fondo: ¿cuántas señales tuvieron que ignorarse para que una menor perdiera la vida?

Los testimonios de exalumnos describen un patrón que no parece un hecho aislado.

Hablan de humillaciones, castigos físicos, aislamiento, “ahogadillas”, amenazas y una disciplina llevada al extremo.

Si esas prácticas eran conocidas por quienes convivían diariamente en esos planteles, resulta inevitable preguntarse dónde estaban las autoridades encargadas de supervisar su funcionamiento.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó que las escuelas militarizadas no están permitidas por la legislación mexicana.

Pero la declaración, lejos de cerrar el debate, abrió uno aún más incómodo.

Si no están permitidas, ¿por qué existen? ¿Cómo operan? ¿Quién autorizó su funcionamiento? ¿Quién revisó sus métodos? ¿Quién permitió que durante años se ofrecieran como una alternativa educativa basada en la disciplina?

La disciplina jamás debe confundirse con el sometimiento.

Formar el carácter no implica normalizar la humillación.

Educar no consiste en quebrar la voluntad de un niño para obligarlo a obedecer.

Cuando el miedo sustituye al respeto y el castigo reemplaza a la enseñanza, la educación deja de cumplir su propósito.

Este caso también obliga a revisar la responsabilidad de las familias y de la sociedad.

Muchos padres buscan instituciones que inculquen orden, valores y límites. Es una aspiración legítima.

Lo inadmisible es que, bajo ese discurso, algunos espacios oculten prácticas que vulneran la dignidad y los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Hoy hay personas detenidas. La justicia deberá determinar su responsabilidad.

Pero el problema no termina con las órdenes de aprehensión.

El Estado tiene la obligación de revisar cada plantel que opere bajo esquemas similares, verificar quién los supervisa y garantizar que ningún menor vuelva a ser sometido a métodos incompatibles con una educación respetuosa de los derechos humanos.

De otra manera, la siguiente tragedia no será una sorpresa.

Será la consecuencia de haber decidido mirar hacia otro lado.