ZACATECAS, ZAC.- Docentes feministas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) denunciaron que la institución ha incumplido por al menos 18 años su responsabilidad legal de garantizar a niñas, jóvenes y mujeres universitarias el derecho a una vida libre de violencia, particularmente en lo referente a la atención, prevención y sanción de la violencia sexual y de género.

A través de un comunicado, el grupo de académicas explicó que, desde la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007 y su armonización estatal en 2009, la UAZ estaba obligada a adecuar su normativa interna y crear protocolos específicos en la materia, lo que hasta la fecha no ha ocurrido, según reprocharon.

“Esta deuda con la comunidad universitaria tiene al menos 18 años”, señaló el colectivo.

También expusieron que ante dicha situación han sido cuatro las rutas que las víctimas de alguna agresión dentro de la máxima casa de estudios han tenido a su alcance, como ha sido recurrir a instancias internas que revictimizan o encubren a agresores.

Asimismo, el comunicado también menciona entre estás opciones las denuncias hechas ante organismos externos como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) o la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ).

Dichas recomendaciones han sido ignoradas por la Universidad, hasta la exposición de sus agresores mediante tendederos físicos o digitales, o definitivamente guardar silencio por miedo a represalias académicas o laborales, argumentaron.

“El primer paso para avanzar es el reconocimiento de que las universidades son espacios jerárquicos en donde las relaciones entre estudiantes, profesores y autoridades están atravesadas por relaciones de poder”, plantearon las universitarias.

En el comunicado, las docentes señalaron también las “relaciones asimétricas entre docentes y alumnas”, las cuales representan una condición de vulnerabilidad de las estudiantes para denunciar agresiones en su contra dentro de la Universidad, debido a factores como la edad, la desconfianza hacia las autoridades, el desconocimiento de los derechos humanos y la falta de recursos económicos, entre otros.

Por lo anterior, el grupo de académicas feministas exigió a las autoridades universitarias no minimizar las denuncias públicas ni escudarse en el discurso del debido proceso, cuando aseguran que la propia institución no ha generado condiciones mínimas de confianza.

“Las universitarias necesitamos garantías: de escucha, de no revictimización, de no impunidad para los agresores, de no repetición de los hechos y de apego irrestricto a salvaguardar los derechos humanos, sin importar grupos políticos”, expresaron.

Finalmente, hicieron un llamado al rector electo, Ángel Román Gutiérrez, para que asuma esta agenda como prioritaria e implemente los protocolos institucionales que la Universidad ha evadido por casi dos décadas, homologar la normativa de la UAZ y transversalizar la perspectiva de género en toda su operación académica y administrativa.