CIUDAD DE MÉXICO. – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió este martes a instalaciones de la Fiscalía General de la República en Ciudad de México, donde denunció que autoridades federales intentan construir un caso en su contra bajo la figura de una comparecencia como testigo relacionada con la investigación sobre la presencia de agentes estadounidenses en operativos realizados en la Sierra Tarahumara. La mandataria estatal afirmó que el citatorio representa un abuso institucional y acusó una persecución política impulsada desde el poder federal.

Tras salir de las instalaciones ministeriales, la panista aseguró ante medios de comunicación y simpatizantes que su asistencia obedeció a la intención de demostrar disposición para colaborar con las investigaciones, aunque sostuvo que la diligencia tuvo irregularidades jurídicas. “Se me cita bajo la simulación de ser un testigo”, expresó la gobernadora al asegurar que la autoridad pretende convertirla posteriormente en imputada dentro del expediente.

Campos señaló que existió “un atropello a la protección constitucional” que posee como titular del Poder Ejecutivo estatal y sostuvo que la Fiscalía busca “fabricar un caso” en su contra. La mandataria insistió en que la investigación tiene motivaciones políticas y afirmó que el objetivo es debilitar a la oposición rumbo a los próximos procesos electorales.

La comparecencia de la gobernadora ocurre en medio de la polémica generada por un operativo efectuado en abril pasado en Chihuahua, donde murieron dos agentes estadounidenses identificados en reportes periodísticos como integrantes de la CIA, además de dos mexicanos, luego de un accidente en la Sierra Tarahumara. El caso provocó cuestionamientos sobre la participación de agentes extranjeros en territorio nacional y abrió una investigación federal para determinar responsabilidades.

En días previos, la propia gobernadora había denunciado públicamente que existía una “persecución política” en su contra después de recibir el citatorio de la FGR. En ese momento aseguró que, pese a contar con fuero constitucional, acudiría voluntariamente a comparecer porque “siempre he dado la cara”.

Durante su llegada a la fiscalía, Maru Campos estuvo acompañada por dirigentes y legisladores del Partido Acción Nacional, entre ellos el dirigente nacional panista, Jorge Romero, así como Ricardo Anaya y Elías Lixa, quienes respaldaron el señalamiento de una presunta utilización política de las instituciones de justicia.

El dirigente nacional del PAN acusó que el gobierno federal “persigue opositores y cubre delincuentes”, al comparar el caso de Campos con las investigaciones relacionadas con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Por otra parte, autoridades capitalinas rechazaron que exista hasta ahora una imputación penal formal contra la mandataria chihuahuense. La Fiscalía de Ciudad de México aclaró que la notificación entregada corresponde únicamente a una audiencia y sostuvo que “no hay delitos que perseguir” en este momento.

El conflicto político escaló en los últimos días luego de que legisladores de Morena solicitaran juicio político contra la gobernadora de Chihuahua por la presunta participación de agentes extranjeros en operativos realizados dentro del estado. Los diputados morenistas argumentaron posibles violaciones a la soberanía nacional, mientras la oposición respondió denunciando hostigamiento político.

La controversia también se desarrolla en un contexto nacional marcado por tensiones entre México y Estados Unidos debido a investigaciones relacionadas con narcotráfico y operaciones de inteligencia. El caso de Chihuahua se sumó a las investigaciones abiertas contra funcionarios sinaloenses y al debate político sobre la actuación de autoridades federales y estatales frente a organizaciones criminales.

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