CIUDAD DE MÉXICO. – La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, rechazó este lunes 25 de mayo la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar la reforma judicial, al considerar que los cambios planteados no atienden los problemas estructurales del nuevo modelo de elección de integrantes del Poder Judicial y dejan sin resolver deficiencias de fondo que especialistas han señalado desde la aprobación del proyecto original.

A través de un posicionamiento público, el organismo sostuvo que las modificaciones anunciadas por el gobierno federal representan ajustes limitados frente a un esquema que, desde su perspectiva, mantiene riesgos importantes para la independencia judicial y la fortaleza institucional del sistema de justicia mexicano. La agrupación de abogados fijó una postura crítica sobre la iniciativa presidencial que busca modificar aspectos operativos de la reforma judicial aprobada durante el sexenio anterior.

La Barra Mexicana afirmó que la propuesta presidencial “no corrige los problemas estructurales”, una valoración que coloca el foco sobre los elementos centrales del diseño institucional que dio origen a la elección popular de jueces, magistrados y ministros, mecanismo que ha provocado cuestionamientos desde distintos sectores académicos, jurídicos y políticos.

Entre las modificaciones planteadas por la administración federal aparece el aplazamiento del siguiente proceso de elección judicial, previsto originalmente para 2027, con la intención de trasladarlo a 2028. La iniciativa también contempla reducir el número de candidaturas, simplificar las boletas electorales y fortalecer mecanismos de evaluación para aspirantes a cargos judiciales. El gobierno federal ha defendido estos cambios bajo el argumento de mejorar la operación técnica y logística del modelo implementado tras la reforma judicial.

Sin embargo, la organización de abogados sostuvo que esos ajustes no modifican las preocupaciones principales relacionadas con la autonomía del Poder Judicial, la calidad de los perfiles que aspiran a impartir justicia y los riesgos de influencia política dentro de un sistema diseñado bajo elección popular.

Las críticas sobre la reforma no provienen únicamente del gremio jurídico. Diversos organismos especializados y actores políticos también han advertido que persisten vacíos normativos y contradicciones legales dentro del nuevo esquema judicial. Especialistas han señalado problemas relacionados con la independencia judicial, los procesos de selección y la coincidencia de elecciones judiciales con otros procesos políticos.

La propuesta presidencial surgió después de las complicaciones detectadas tras la implementación del nuevo sistema de elección judicial, proceso que abrió un amplio debate sobre la viabilidad operativa y constitucional del modelo. Entre los cambios planteados también aparece la recuperación de estructuras internas dentro de la Suprema Corte y ajustes administrativos para facilitar el funcionamiento institucional.

La discusión sobre la reforma judicial permanece como uno de los temas centrales de la agenda política nacional. Mientras el gobierno federal sostiene que las modificaciones buscan perfeccionar el sistema sin modificar su esencia, organizaciones jurídicas y sectores de oposición mantienen cuestionamientos sobre la capacidad de esos cambios para resolver las fallas de origen que han acompañado al nuevo modelo judicial desde su aprobación.

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