OAXACA. – La audiencia que definirá la situación jurídica de los presuntos responsables del ataque con ácido contra la saxofonista y activista María Elena Ríos, ocurrido en Oaxaca en 2019, quedó reprogramada para este viernes 22 de mayo, en un proceso judicial que mantiene bajo tensión a la víctima, quien denunció retrasos, corrupción e impunidad dentro del sistema de justicia estatal. Entre los involucrados aparecen Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como autor intelectual del intento de feminicidio, además de Rubén Loaiza Charrez y Rubisela Hernández Ríos, identificados como presuntos responsables materiales de la agresión.

María Elena Ríos informó mediante redes sociales que la audiencia prevista inicialmente para el miércoles 20 de mayo cambió de fecha y ahora tendrá lugar este viernes a las 10 de la mañana. La resolución resulta clave debido a que el Poder Judicial revisará los amparos promovidos por los acusados, situación que podría abrir la puerta a modificaciones en las medidas cautelares que enfrentan actualmente.

La saxofonista oaxaqueña, quien además impulsa iniciativas contra la violencia ácida en México, manifestó su preocupación ante lo que calificó como obstáculos constantes en el avance del caso. Desde su perspectiva, las demoras dentro del proceso judicial representan una muestra de corrupción institucional y de la falta de acceso efectivo a la justicia para las víctimas.

“Más de seis años de lucha legal” y un periodo prolongado marcado por “ineptitud y corrupción” forman parte de las denuncias públicas que la activista ha expuesto al recordar el camino judicial que enfrenta desde septiembre de 2019, cuando sufrió el ataque que transformó su vida y la de su familia.

Los hechos ocurrieron el 9 de septiembre de 2019 en Huajuapan de León, Oaxaca, cuando hombres arrojaron ácido sulfúrico sobre María Elena Ríos. La agresión le provocó lesiones severas y múltiples daños físicos que obligaron a tratamientos médicos, cirugías reconstructivas y una larga recuperación. Su madre también resultó afectada por aquel atentado.

Las investigaciones señalaron a Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado local y empresario, como presunto autor intelectual del intento de feminicidio. De acuerdo con las indagatorias, el ataque habría ocurrido tras amenazas previas que la víctima denunció cuando buscó terminar una relación personal con el político. También aparecen involucrados otros presuntos participantes materiales en la agresión.

Con el paso de los años, el caso trascendió el ámbito judicial y se convirtió en referente nacional en la lucha contra la violencia de género y los ataques con sustancias corrosivas. María Elena Ríos asumió además una labor pública como activista y promotora de reformas legales orientadas a fortalecer la protección para víctimas de violencia ácida.

Su activismo impulsó la llamada Ley Malena, iniciativa que busca endurecer sanciones contra quienes utilicen ácido u otros agentes corrosivos para agredir a mujeres y garantizar mecanismos de reparación integral del daño. La propuesta también promueve atención médica especializada y acceso a tratamientos reconstructivos para sobrevivientes de este tipo de violencia.

A pocas horas de la audiencia definitiva, la atención permanece concentrada en la decisión judicial que podría marcar un nuevo capítulo dentro de uno de los casos más emblemáticos sobre violencia contra las mujeres en México. La resolución prevista para este viernes determinará si continúan vigentes las medidas actuales contra los señalados o si existe algún cambio que modifique el rumbo del proceso legal.

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