ESTADOS UNIDOS.- Una orden ejecutiva firmada el 19 de mayo de 2026 por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encendió alertas debido a posibles afectaciones en el envío de remesas. El documento, titulado “Restoring Integrity to America’s Financial System”, planteó nuevas medidas de supervisión financiera que podrían endurecer los controles sobre transferencias internacionales de bajo monto realizadas por personas indocumentadas.

La orden establece que las transferencias transfronterizas pequeñas podrían representar riesgos relacionados con financiamiento al terrorismo, narcotráfico y trata de personas. Por ello, instruyó a instituciones financieras a reforzar procesos de identificación y verificación de clientes. Entre los puntos señalados destacó el uso del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) como posible “factor de riesgo” cuando el titular de la cuenta no contara con un estatus migratorio legal verificado en Estados Unidos.

Muchos migrantes utilizan cuentas bancarias o servicios de transferencia (como remesadoras) que solo exigen un ITIN. Con esta orden, esas entidades deberían aplicar controles más estrictos que podrían:

• Congelar envíos que parezcan “estructurados” (varias transferencias pequeñas para evitar reportes).
• Solicitar documentación adicional que un indocumentado no puede aportar (como visa o permiso de trabajo).
• Reportar la actividad al gobierno, lo que podría derivar en investigaciones migratorias.

Además, el Departamento del Tesoro recibió un plazo de 90 días para proponer cambios regulatorios vinculados con la Ley de Secreto Bancario. Las modificaciones podrían incluir requisitos más estrictos para mantener cuentas bancarias o realizar transferencias, como la comprobación de residencia legal o permisos de trabajo. De acuerdo al texto, se advierte que esto podría derivar en bloqueos, retrasos o reportes de operaciones relacionadas con remesas enviadas desde territorio estadounidense.

Aunque la orden no prohíbe de forma directa el envío de remesas, sí genera preocupación por el posible endurecimiento de los servicios financieros para personas migrantes. Esta orden ejecutiva plantea que algunas instituciones podrían limitar operaciones asociadas con ITIN para evitar sanciones, lo que incrementaría el uso de mecanismos informales y elevaría los costos de envío para miles de familias que dependen de estos recursos.