NUEVA YORK — El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance C. Cole, anunciaron la desclasificación de una acusación formal en contra del actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de alto rango del estado.

A los acusados se les imputan cargos por narcotráfico y delitos relacionados con armas de fuego, derivado de una presunta alianza con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa para introducir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos.

De acuerdo con los documentos judiciales y la información revelada por las autoridades estadounidenses, la red de corrupción operaba en todos los niveles del gobierno y las fuerzas del orden en Sinaloa. Los fiscales aseguran que los funcionarios abusaron de su poder a cambio de sobornos millonarios financiados con dinero del narcotráfico.

Las acusaciones detallan que los funcionarios brindaban los siguientes beneficios al cártel:

Protección y blindaje: Evitaron investigaciones, arrestos y procesamientos de los líderes del Cártel de Sinaloa.

Fuga de información: Compartieron información militar y policial confidencial para facilitar las actividades delictivas.

Uso de fuerzas de seguridad: Ordenaron a elementos de la Policía Estatal, Policía de Investigación y Policía Municipal de Culiacán proteger cargamentos de droga en tránsito hacia EE. UU.

Impunidad: Permitieron que miembros del cártel cometieran actos de violencia extrema sin enfrentar consecuencias legales.

El caso contra el gobernador y su gabinete
El documento señala específicamente al gobernador Rubén Rocha Moya, quien asumió el cargo en noviembre de 2021. La fiscalía estadounidense alega que la facción de “Los Chapitos” facilitó su elección mediante el secuestro y la intimidación de sus rivales políticos. A cambio, Rocha Moya presuntamente sostuvo reuniones con los líderes criminales, comprometiéndose a brindarles protección estatal para operar con impunidad.

Entre los otros funcionarios señalados se encuentran los siguientes:

Damaso Castro Zaavedra (vicefiscal general del estado); acusado de recibir sobornos mensuales de aproximadamente 11 mil dólares para proteger a miembros del cártel y alertarlos sobre operativos respaldados por Estados Unidos.

Juan Valenzuela Millán, alias Juanito (alto mando de la Policía Municipal de Culiacán); además de los cargos por narcotráfico, enfrenta acusaciones por su participación en el secuestro, tortura y asesinato de un informante confidencial de la DEA y uno de sus familiares en octubre de 2023. Según la acusación, Millán recibía mil 600 dólares mensuales por poner a disposición del cártel a elementos de la policía para realizar arrestos, secuestros y homicidios.

La lista de acusados también incluye a Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Diaz Vega, Marco Antonio Almanza Aviles, Alberto Jorge Contreras Nunez (Cholo), Gerardo Merida Sanchez, Jose Antonio Dionisio Hipolito (Tornado) y Juan de Dios Gamez Mendivil.

Postura de las autoridades estadounidenses
El fiscal Jay Clayton fue contundente al señalar el papel de la corrupción política en la crisis de drogas. “El Cártel de Sinaloa y otras organizaciones similares no operarían con tanta libertad o éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos en su nómina”, declaró.

El administrador de la DEA, Terrance C. Cole, advirtió que el cártel es considerado una organización terrorista que socava las instituciones públicas.

“Nadie está por encima de la ley. Continuaremos aplicando una presión sostenida contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo apoyan”, concluyó.

El caso ha sido asignado a la jueza de distrito Katherine Polk Failla en Nueva York. Las autoridades recordaron que los cargos son únicamente acusaciones y que todos los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.

Fuente: U.S. Attorney’s Office, Southern District of New York