CIUDAD DE MÉXICO. – La senadora Amalia García Medina destacó la aprobación de la reforma constitucional al artículo 76 como un avance de alto impacto para enfrentar el feminicidio en México, al facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General que permita homologar en todo el país la tipificación, investigación, sanción y protocolos relacionados con este delito, con el objetivo de cerrar espacios a la impunidad y fortalecer el acceso a la justicia para mujeres y niñas.

La legisladora zacatecana calificó esta modificación constitucional como un paso trascendental frente a una de las expresiones más graves y extremas de violencia de género, al considerar que por años la falta de criterios uniformes entre entidades federativas debilitó las investigaciones, generó omisiones y dejó sin reconocimiento miles de asesinatos cometidos contra mujeres por razones de género.

“Veo la reforma en materia de feminicidio como algo importantísimo, porque representa un paso decisivo para enfrentar una violencia brutal, estructural e histórica que ha cobrado la vida de miles de mujeres y niñas en México”, afirmó.

Amalia García subrayó que uno de los cambios más significativos en las últimas décadas fue visibilizar que muchas mujeres son asesinadas precisamente por su condición de género, una realidad históricamente ignorada tanto en el país como a nivel internacional. Señaló que este reconocimiento no surgió de manera espontánea, sino de décadas de lucha impulsadas por movimientos de mujeres que exigieron justicia, verdad y marcos legales capaces de nombrar y sancionar esta violencia específica.

“Reconocer que las mujeres son asesinadas por razones de género es una conquista histórica. Esa forma de entender la violencia no existía. Fue resultado de la lucha de las mujeres y de una larga exigencia por justicia”, señaló.

La senadora recordó que la evolución jurídica en defensa de los derechos de las mujeres se consolidó también gracias a instrumentos internacionales como la Convención de Belém do Pará de 1994, la cual obligó a los Estados firmantes a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, marcando un parteaguas en la responsabilidad institucional frente a este fenómeno.

“Vivíamos en una verdadera prehistoria en materia de derechos humanos de las mujeres. Las convenciones internacionales ayudaron a transformar esa realidad y a obligar a los Estados a actuar”, sostuvo.

Amalia García explicó que, aunque México avanzó en 2012 con la incorporación del feminicidio como tipo penal y con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, persisten diferencias profundas entre estados sobre cómo se define, investiga y sanciona este crimen, situación que obstaculizó procesos judiciales y favoreció niveles alarmantes de impunidad.

“Lo que hoy tenemos es una dispersión que ha impedido justicia. Había distintas formas de tipificar el feminicidio en el país, y eso ha significado que miles de casos no hayan sido reconocidos ni investigados correctamente”, afirmó.

Como parte de su argumentación, expuso cifras que revelan la magnitud del problema: entre 2015 y 2025 se contabilizaron oficialmente 8 mil 861 víctimas de feminicidio en México, mientras más de 27 mil mujeres fueron registradas como víctimas de homicidio doloso, lo que evidencia una subclasificación preocupante y la posible invisibilización de miles de casos vinculados con violencia feminicida.

“Eso significa que miles de asesinatos de mujeres no fueron tipificados correctamente. Esa omisión también es impunidad”, subrayó.

La exgobernadora de Zacatecas enfatizó que la reforma constitucional permitirá construir una base legal uniforme en todo el territorio nacional, no solo para homologar el tipo penal, sino también para establecer sanciones, agravantes, protocolos de investigación con perspectiva de género y mecanismos de coordinación entre autoridades, evitando que las diferencias estatales continúen afectando el acceso a la justicia.

“Homologar significa cerrar el paso a la impunidad. Significa establecer una base común para investigar con perspectiva de género, sancionar con rigor y garantizar justicia”, afirmó.

Finalmente, García Medina advirtió que el verdadero valor de esta reforma dependerá de su aplicación efectiva, del fortalecimiento institucional y de la coordinación entre fiscalías, tribunales y autoridades responsables, para que no permanezca como una modificación legal simbólica, sino como una herramienta real para proteger vidas y garantizar derechos.

“Los derechos humanos son una conquista civilizatoria. La justicia no puede seguir siendo una promesa incumplida para las mujeres y las niñas. La justicia es un derecho”, concluyó.

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