CIUDAD DE MÉXICO. – La Cámara de Diputados rechazó las modificaciones realizadas por el Senado a la reforma que endurece sanciones por delitos contra el medio ambiente, con 450 votos a favor, y devolvió la minuta a la Cámara alta para continuar el proceso legislativo.

El pleno en San Lázaro decidió mantener intacto el dictamen aprobado previamente en noviembre de 2025, al considerar improcedentes los ajustes introducidos por los senadores, especialmente en lo relacionado con el esquema de sanciones económicas.

Durante la discusión, el diputado de Morena, Julio César Moreno Rivera, defendió la redacción original al señalar que la propuesta fortalece el marco jurídico para castigar conductas que afectan gravemente al entorno natural, como la tala ilegal, el tráfico de especies y el manejo indebido de sustancias peligrosas.

Uno de los puntos centrales del desacuerdo radicó en la forma de calcular las multas. Mientras el Senado planteó sustituir el esquema de días multa por Unidades de Medida y Actualización, los diputados optaron por conservar el modelo inicial, al argumentar que este permite sanciones proporcionales a la capacidad económica del infractor.

En ese sentido, Moreno Rivera explicó que la decisión responde a criterios jurídicos y operativos que buscan evitar lagunas en la aplicación de la ley, al tiempo que garantizan que las sanciones tengan un efecto disuasivo real.

El legislador subrayó: “Uno de los puntos centrales es la determinación de las sanciones económicas. La colegisladora propuso sustituir el esquema de días multa por el de Unidades de Medida de Actualización. Esta comisión ha decidido insistir en la redacción original aprobada por esta soberanía, con plena justificación jurídica y práctica”.

Asimismo, afirmó: “Con este dictamen fortalecemos el marco penal, cerramos espacios a la impunidad y enviamos un mensaje claro en México, el medio ambiente se protege con todo el rigor de la ley”.

Desde la oposición, legisladores del PRI y del PAN respaldaron la decisión de devolver la minuta. El priista César Alejandro Domínguez expresó que es necesario castigar de forma ejemplar las conductas que dañan los ecosistemas y sectores productivos como el forestal.

Por su parte, el panista José Guillermo Anaya Llamas advirtió que el deterioro ambiental exige herramientas legales más eficaces, al señalar: “El medio ambiente no puede esperar, por eso estos delitos de los ecosistemas, la flora y la fauna, las áreas naturales protegidas y especies específicas, requieren de tipos penales actualizados, de penas disuasivas, herramientas reales, para que el Ministerio Público y los jueces puedan actuar en su momento”.

Otro punto de diferencia consistió en la inclusión de excepciones para actividades realizadas por comunidades rurales. La Cámara de Diputados consideró innecesario este cambio, al sostener que ya existen disposiciones legales que contemplan estos casos, por lo que su duplicación podría generar contradicciones normativas.

Con esta resolución, la minuta regresa al Senado, donde deberá analizarse nuevamente para resolver las discrepancias entre ambas cámaras antes de una eventual aprobación definitiva.

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