CIUDAD DE MÉXICO. – Un juez federal ordenó la liberación de Felipe de Jesús Díaz y Ricardo Mendoza Cerón, conductor y jefe de despacho del Tren Interoceánico, tras el accidente ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, que dejó 14 personas muertas. La determinación se emitió el miércoles 22 de abril de 2026 durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Federal con sede en Cintalapa, Chiapas, donde se resolvió extinguir la acción penal en su contra luego de acuerdos de reparación del daño a las víctimas.

La resolución judicial puso fin al proceso penal que enfrentaban ambos trabajadores ferroviarios, quienes habían permanecido detenidos tras ser señalados por su presunta responsabilidad en el descarrilamiento del convoy que también dejó más de un centenar de personas lesionadas. El caso se resolvió bajo el mecanismo de acuerdos reparatorios, avalados por las autoridades y aceptados por las familias afectadas, lo que permitió cerrar la investigación sin condena.

De acuerdo con el expediente judicial, la decisión de la jueza Diana Isabel Ivens Cruz se sustentó en el cumplimiento de la reparación integral del daño, condición necesaria para extinguir la acción penal en delitos culposos como homicidio y lesiones no intencionales. Con ello, ambos implicados recuperaron su libertad tras permanecer bajo proceso durante varios meses.

El accidente ferroviario ocurrió en una de las rutas del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuando un tren de pasajeros se descarriló en territorio oaxaqueño. El hecho generó una investigación federal que derivó en imputaciones contra el conductor y el jefe de despacho, a quienes se les atribuyó inicialmente responsabilidad por el siniestro.

Durante el desarrollo del proceso, la Fiscalía General de la República sostuvo que la tragedia se vinculó con una posible negligencia operativa, mientras que la defensa de los implicados insistió en que existieron factores técnicos y de operación que no dependían exclusivamente de la tripulación. Finalmente, la vía de reparación del daño permitió la conclusión anticipada del caso.

Con la determinación judicial, el proceso penal quedó cerrado y los acusados fueron liberados de manera inmediata, en una resolución que marca el cierre jurídico de uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en el proyecto del Istmo.

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