CIUDAD DE MÉXICO. – El Senado de la República aprobó una reforma legal que otorga facultades expresas a la Guardia Nacional para intervenir en la vigilancia y protección de bosques, reservas de la biosfera y parques nacionales de competencia federal en toda la República Mexicana, con el propósito de frenar la tala ilegal y los incendios intencionales que han devastado ecosistemas en los últimos años. La modificación, avalada con ciento cinco votos a favor, coloca a la institución de seguridad en un papel fundamental de custodia ambiental junto con las autoridades competentes.
La reforma al artículo nueve de la Ley de la Guardia Nacional incorpora un catálogo claro de nuevas responsabilidades que formalizan la participación de la corporación en la protección de recursos naturales y la vigilancia directa en áreas naturales protegidas terrestres bajo jurisdicción federal, además de permitirle actuar en la prevención, investigación y combate de los delitos ambientales que representen una amenaza no solo para la naturaleza sino también para la seguridad pública.
Entre los ilícitos que ahora podrán enfrentar con mayor presencia operativa se encuentran la tala ilegal, la cacería furtiva, el tráfico de especies, la degradación de ecosistemas y la contaminación ambiental dentro de zonas de conservación. Esta ampliación de facultades llega después de décadas en las cuales diversos grupos criminales aprovecharon la escasa vigilancia de las áreas naturales para instaurar redes de destrucción sistemática, así como para la explotación irregular de recursos forestales.
Autoridades legislativas y especialistas en conservación han señalado que este cambio representa uno de los movimientos más significativos en materia de seguridad ambiental en años recientes, al reconocer formalmente la necesidad de dotar de mayores herramientas a las instituciones encargadas de proteger los ecosistemas más frágiles del país. A partir de la entrada en vigor del dictamen, la Guardia Nacional podrá desplegar acciones coordinadas con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para vigilar y proteger áreas verdes que por su importancia ecológica y biodiversidad enfrentan presión por la actividad ilegal.
Como parte de estas acciones, el nuevo marco legal contempla intervenciones estratégicas en regiones prioritarias, entre ellas la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO y amenazada por prácticas destructivas, así como la Reserva de la Biosfera de Calakmul, uno de los pulmones forestales más vastos de Mesoamérica, y el ecosistema del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, hábitat de especies en peligro crítico de extinción.
La reforma llega en un contexto donde la deforestación y la degradación de áreas naturales protegidas han generado una creciente preocupación nacional e internacional por la pérdida de biodiversidad y la alteración de los servicios ecológicos que estos territorios brindan, desde la captación de agua hasta la regulación del clima y sustento de comunidades locales. Las nuevas facultades buscan no solo castigar a quienes atenten contra estos espacios, sino también generar una presencia disuasiva que reduzca los delitos ambientales de forma sostenida.
A partir de esta modificación legal, la Guardia Nacional se perfila como un actor clave dentro de la política de conservación ambiental federal, con un rol expandido que la aleja de una función exclusivamente urbana o de seguridad pública tradicional, colocándola como protagonista de la defensa de los bienes naturales de México en coordinación con las autoridades ambientales competentes.
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