CIUDAD DE MÉXICO. – El Senado de la República prevé discutir y votar en el pleno una reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para limitar las llamadas “pensiones doradas” que reciben ex funcionarios de empresas públicas y organismos del Estado. La iniciativa, que ya fue aprobada por unanimidad en comisiones senatoriales, busca reducir las jubilaciones millonarias de altos mandos de entidades como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y la banca de desarrollo.
La propuesta plantea modificar el artículo 127 de la Constitución para establecer un tope a las pensiones de ex directivos y funcionarios de organismos públicos. De aprobarse en el pleno, ninguna de esas jubilaciones podrá superar el 50 por ciento de la remuneración de la persona titular del Poder Ejecutivo federal. En la actualidad, ese monto se ubica en alrededor de 70 mil pesos mensuales, cifra que serviría como referencia para limitar los beneficios que algunos ex funcionarios reciben tras dejar sus cargos.
El dictamen fue avalado previamente con 32 votos a favor en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado, presididas por los legisladores de Morena Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza. Tras esa aprobación, el documento se turnó a la Mesa Directiva para su primera lectura y posterior discusión ante el pleno de la Cámara alta.
De acuerdo con el planteamiento legislativo, la reforma busca terminar con jubilaciones que actualmente alcanzan cifras muy superiores a las que perciben la mayoría de los pensionados en el país. En algunos casos, como el de ex directivos de la extinta Luz y Fuerza del Centro, los pagos han superado el millón de pesos mensuales, mientras que en diversas entidades del sector público las pensiones oscilan entre 300 mil y 500 mil pesos.
Durante la discusión en comisiones, legisladores de distintas fuerzas políticas respaldaron la iniciativa, aunque plantearon observaciones sobre su alcance. Una de las principales críticas fue que la reforma no incluye a los altos mandos de las fuerzas armadas dentro del recorte de pensiones, lo que motivó propuestas para ampliar la medida a otros sectores del servicio público.
El senador de Morena Pável Jarero defendió la reforma al señalar que su propósito es corregir privilegios acumulados durante décadas. En su intervención afirmó: “hoy le estamos regresando a los trabajadores lo que el prianismo les robó durante décadas de mal gobierno”. Además, sostuvo que resulta injusto que millones de mexicanos reciban pensiones modestas mientras un pequeño grupo obtiene beneficios muy superiores, y calificó esas jubilaciones como “ofensivas en los tiempos actuales”. También destacó que la medida podría generar ahorros cercanos a 5 mil millones de pesos anuales para las finanzas públicas.
Desde la oposición, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, coincidió en la necesidad de eliminar pensiones excesivas, aunque propuso modificar la fórmula del cálculo. Sugirió que el límite no se determine con base en el salario presidencial, sino en Unidades de Medida y Actualización, con el fin de evitar que futuros gobiernos reduzcan aún más las jubilaciones del sector público paraestatal. A esa postura se sumó el senador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio.
Por su parte, la senadora del PRI Carolina Viggiano expresó reservas más amplias respecto al dictamen. Consideró que la reforma podría tener efectos retroactivos y señaló que muchas de las pensiones de ex funcionarios derivan de contratos previamente firmados. En ese sentido afirmó que se trata de cláusulas “que ahora el gobierno se niega a cumplir”, y añadió que varios beneficiarios han sido exhibidos públicamente sin que exista prueba de irregularidades en la obtención de sus pensiones.
El debate sobre el tema continuará en la sesión del pleno del Senado, donde los legisladores decidirán si la reforma avanza en el proceso legislativo. De ser aprobada, la modificación constitucional representaría uno de los cambios más relevantes en el esquema de pensiones para altos funcionarios del sector público, al establecer límites legales a beneficios que durante años han sido considerados privilegios dentro de la administración gubernamental.
Durante la misma jornada legislativa también se registraron movimientos en el Senado. El ex priista Manlio Fabio Beltrones se reincorporó a sus funciones tras una licencia de nueve meses, mientras que el ex panista Miguel Ángel Yunes Linares regresó temporalmente al escaño como suplente de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, quien obtuvo autorización para ausentarse ocho días. Yunes Linares participará en la votación de la reforma constitucional al artículo 127 como integrante del grupo parlamentario de Morena.
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