CIUDAD DE MÉXICO. – Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados recibieron el proyecto de dictamen de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, documento que será analizado y discutido en el Congreso la próxima semana en la Cámara de Diputados de México, en la Ciudad de México. El texto, elaborado por legisladores de ambas comisiones y presentado el 6 de marzo, retoma íntegramente la propuesta enviada por el Ejecutivo federal días antes para modificar diversos aspectos del sistema electoral mexicano.

El proyecto de dictamen consta de 130 páginas y mantiene sin cambios el contenido de la iniciativa presidencial, lo que significa que los diputados decidieron conservar la estructura y los planteamientos originales del Ejecutivo para que sean sometidos a discusión parlamentaria en comisiones y posteriormente en el pleno de San Lázaro.

Entre los principales puntos del documento se encuentra la reducción del financiamiento público destinado a los partidos políticos para su gasto ordinario. Actualmente, ese cálculo se realiza multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 68 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; la propuesta modifica ese factor y lo reduce a 48.75, con lo que se busca disminuir los recursos públicos asignados a las fuerzas políticas.

El texto también incorpora medidas más estrictas para impedir el financiamiento ilegal en campañas electorales. Entre ellas destaca la prohibición de aportaciones privadas en efectivo para actividades proselitistas, con el objetivo de que todos los recursos utilizados por candidatos y partidos puedan rastrearse a través del sistema bancario. La iniciativa plantea que las aportaciones se realicen únicamente mediante transferencias electrónicas, lo que permitiría una mayor supervisión de los movimientos financieros.

Además, la propuesta establece que no se permita el financiamiento proveniente del extranjero para campañas o actividades partidistas. De acuerdo con el documento, esta medida busca evitar interferencias externas en los procesos electorales y fortalecer la transparencia en el origen de los recursos que utilizan las organizaciones políticas.

El proyecto de dictamen también contempla facultades ampliadas para las autoridades de seguridad, procuración de justicia y organismos de inteligencia financiera. Dichas instancias podrían solicitar información relacionada con candidatos y aspirantes a cargos de elección popular con el propósito de “salvaguardar la integridad” de los procesos electorales y prevenir la infiltración de recursos ilícitos en las campañas.

En la misma línea, se propone que partidos y candidatos reporten de forma detallada al Instituto Nacional Electoral todos sus ingresos, egresos y operaciones financieras. Esto incluye no sólo transferencias o donaciones, sino también información sobre valores, divisas, activos virtuales, créditos, seguros, compra o venta de bienes y cualquier otra operación relacionada con recursos utilizados en la contienda política.

La elaboración del dictamen tomó en cuenta los resultados de seis foros de consulta organizados por la Cámara de Diputados entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, espacios en los que participaron especialistas, académicos y actores políticos para analizar posibles cambios al sistema electoral. “El dictamen que presentan estas Comisiones Dictaminadoras se basa en el contenido de las deliberaciones de los seis foros de consulta”, señala el documento.

De acuerdo con el calendario legislativo previsto en San Lázaro, el dictamen podría someterse a votación primero en comisiones y posteriormente en el pleno de la Cámara de Diputados durante la próxima semana. En ese escenario, los legisladores decidirán si la reforma continúa su camino legislativo o si enfrenta modificaciones o rechazos durante el debate parlamentario.

El proceso legislativo también ocurre en medio de posicionamientos encontrados entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Mientras la mayoría oficialista respalda discutir el proyecto a la brevedad, algunos partidos han adelantado críticas y reservas sobre el alcance de la iniciativa, lo que anticipa un debate intenso en torno al rediseño de las reglas electorales en México.

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