CIUDAD DE MÉXICO. – Autoridades federales detuvieron a Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, señalado como presunto integrante de una red de corrupción que desvió recursos públicos destinados a obras y mantenimiento de prisiones federales durante la gestión de Genaro García Luna al frente de la entonces Secretaría de Seguridad Pública. La captura se realizó el jueves once de diciembre, como resultado de una orden de aprehensión vigente dentro de una investigación federal de gran escala.

De acuerdo con las indagatorias, el detenido habría participado en un esquema que operó durante varios años mediante contratos irregulares, facturación simulada y triangulación de recursos, lo que permitió el desvío de más de 5 mil millones de pesos asignados al sistema penitenciario federal. Una parte sustancial de ese monto, estimada en 2 mil 950 millones de pesos, se habría canalizado a través de empresas sin capacidad real para ejecutar las obras, con el objetivo de ocultar el destino final del dinero público.

Pérez Rodríguez se desempeñó como funcionario del área penitenciaria federal y, según la carpeta de investigación, formó parte de un grupo de servidores públicos y particulares que intervinieron en la autorización de pagos, supervisión de contratos y validación de trabajos que nunca se realizaron o quedaron inconclusos. Este entramado permitió que recursos etiquetados para mejorar infraestructura, seguridad y condiciones de reclusión terminaran fuera del sistema para el que fueron aprobados.

La orden de aprehensión contra el ahora detenido fue concedida por un juez federal desde diciembre de dos mil veintiuno, en el Centro Federal de Readaptación Social número Uno, conocido como el Altiplano, en el Estado de México. Sin embargo, fue hasta esta semana cuando se logró su localización y aseguramiento, tras labores de inteligencia y seguimiento coordinadas por la Fiscalía General de la República.

El arresto se suma a una serie de acciones penales emprendidas contra ex funcionarios y empresarios vinculados con el manejo de recursos durante el sexenio en que García Luna encabezó la política de seguridad pública. En ese contexto, las autoridades buscan determinar el alcance total del daño patrimonial al Estado y deslindar responsabilidades individuales dentro de una red que habría operado de manera sistemática.

En las próximas etapas del proceso, la Fiscalía presentará al detenido ante un juez para formular imputación por delitos que podrían incluir delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La resolución de su situación jurídica formará parte de uno de los expedientes más amplios y sensibles relacionados con presuntos actos de corrupción en el sistema de seguridad y prisiones federales del país.

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