CIUDAD DE MÉXICO. – El joven militante de la manifestación denominada “Generación Z”, Edson Andrade, denunció que una campaña de difamación impulsada por el partido en el poder lo obliga a abandonar su hogar y su país para salvaguardar su integridad. A través de un video publicado en redes sociales, Andrade refirió que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, exhibió un supuesto contrato millonario que él recibió por organizar la manifestación, acto que él calificó como creación de una “falsa narrativa”.

En su mensaje, Andrade explicó: “La persecución de la presidenta Claudia Sheinbaum ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy tengo que abandonar mi hogar y mi país. Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales, y crearon la falsa narrativa de que tengo millones en mi cuenta. Ya no solo soy blanco del gobierno, también del crimen.”

Tal declaración sitúa lo que él considera una estrategia para criminalizar el activismo juvenil bajo una estructura oficial. Insistió en que el contrato al que se alude corresponde a trabajos de producción de contenido institucional, realizados en equipo, y no a una paga por su activismo personal: “Buscan criminalizarme por trabajar exponiendo un contrato que nada tiene que ver con mis opiniones políticas personales, sino con la producción de contenidos institucionales en los que claramente no salgo yo y tampoco realizo solo, me acompaña un equipo de jóvenes que como yo, prestan sus servicios profesionales y reciben un pago de ese contrato a mi nombre.”

Andrade señaló que el debate no es por su remuneración sino por la liberta de expresión y la seguridad de los jóvenes que protestan. Recordó que comenzó a alzar la voz desde los dieciséis años y puntualizó que él sí es remunerado por un trabajo, mientras que otros servidores públicos, opinó, “tienen mansiones, ranchos, cientos de autos; ¿a ellos cuándo los exponen?” Además, cargó contra el actual aparato de justicia: “Me duele profundamente tener que dejar a mi familia y a mi hogar, ¿pero qué opción tengo? ¿Denunciar que hayan puesto a disposición del crimen mis datos para encontrarme? Si hoy la fiscal es la hermana de la presidenta del partido en el poder, sé perfectamente qué destino tendrá esa denuncia.”

Por su parte, Luisa María Alcalde presentó un contrato fechado en febrero de dos mil veinticinco, bajo el nombre de Edson Saúl Andrade Lemus, por un monto de dos millones ciento seis mil ochocientos diez pesos, además de revelar datos como su clave de elector y su registro federal de contribuyentes.

Eso ocurrió tras la marcha de la Generación Z en las calles de la capital del país, la cual dejó un saldo aproximado de cien policías y veinte civiles lesionados, así como daños a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante estas acusaciones, la presidenta de la nación, Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina se limitó a decir: “Pues muy interesante, muy interesante la publicación de ayer de Luisa María. Mucha información para que se analice por todas y por todos.”

El caso abre un debate sobre el papel de las nuevas generaciones en el activismo político, la vinculación entre empresas de redes sociales y manifestantes, así como los límites entre la participación juvenil, el trabajo digital institucional y la criminalización del disentir.

Mientras Edson Andrade advierte que podrá salir del país, mantiene que no se rinde: “Y no soy funcionario, tampoco soy hijo de ningún político ni empresario, solo soy un joven que vino desde abajo y cansado de un país sometido que ocupa la violencia, el crimen y la corrupción, alzó la voz y eso fue mi gran crimen. Podrán sacarme de mi casa, podrán sacarme del país, pero no podrán sacarme de la causa; yo no me voy vencido, me voy para seguir luchando. Cuando un pueblo pierde el miedo, ya ningún poder es capaz de detenerlo, y ya no tenemos miedo.”

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