CIUDAD DE MÉXICO. –  Diversos colectivos y organizaciones civiles encabezados por el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC) denunciaron que en el país se enfrenta una impunidad superior al noventa y ocho por ciento en los delitos cometidos contra periodistas, y exigieron al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones en materia de libertad de expresión y derechos humanos.

El colectivo, que agrupa a entidades como ARTICLE 19 México y Centroamérica, CIMAC y Cencos, advirtió que esta cifra alarmante evidencia la falta de resultados contundentes en las investigaciones que llevan a cabo las autoridades. Según su comunicado, la investigación especializada encabezada por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) abrió ochenta y cuatro carpetas durante dos mil veinticuatro, de las cuales únicamente una correspondía a un homicidio.

Añadieron que desde su creación en el año dos mil diez, la FEADLE inició mil trescientos setenta y uno casos y solo doscientos uno han sido resueltos, lo que ya implicaba una impunidad del ochenta y cuatro coma siete por ciento, cifra que sube a noventa y ocho coma veintisiete por ciento si se consideran únicamente las sentencias condenatorias.

Las organizaciones señalaron que el presupuesto asignado a la FEADLE, 18.6 millones de pesos, equivalente al 0.10% del total presupuestal de la fiscalía general de la República es insuficiente para hacer frente a la gravedad de los delitos y garantizar resultados.

Hicieron énfasis en que la práctica impune de agresiones, amenazas y asesinatos de periodistas refuerza un clima de autocensura y vulnerabilidad que erosiona la libertad de expresión en el país. De hecho, desde el año dos mil la organización ARTICLE 19 documentó ciento setenta y cuatro asesinatos de periodistas presumiblemente vinculados con su labor informativa.

El informe del Espacio OSC resalta que las mujeres que ejercen el periodismo enfrentan obstáculos adicionales para acceder a la justicia. Según CIMAC, los casos en que están involucradas periodistas suelen invisibilizarse, no se reconoce la violencia de género como factor del ataque y en algunos procedimientos se minimiza o incluso se sexualiza la denuncia. En palabras del colectivo: “Urge garantizar verdad, justicia y reparación con enfoque de género”.

En lo que va del presente año, al menos siete periodistas han sido asesinados en México, siendo el caso más reciente el de Miguel Ángel Beltrán, quien fue hallado sin vida el veinticinco de octubre en el estado de Durango y presentaba claros signos de violencia.

Ante esta serie de hechos, el Espacio OSC formuló al menos siete solicitudes clave a las autoridades federales: que la FGR establezca un plan de trabajo conjunto con organizaciones civiles, que sea fortalecido el protocolo homologado de investigación de delitos contra la libertad de expresión aprobado en dos mil diecisiete, que las fiscalías estatales transparenten sus avances en cada caso con datos desagregados por tipo de delito, sexo y género, y que el poder judicial incorpore de forma permanente una perspectiva de género en los procesos de juzgamiento y sanción.

Los colectivos advirtieron que la impunidad no solo castiga a las víctimas, sino que envía “un mensaje devastador para la libertad de expresión y la democracia”. Instaron al Estado mexicano a asumir con urgencia su responsabilidad para revertir esta crisis de justicia y protección, de modo que ningún crimen contra periodistas quede sin esclarecer.

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